Eso significa que cada uno de esos grupos podrá trabajar con un precio distinto y pueden modificar las prestaciones.
"Puede que las obras sociales dejen de cubrir la integración escolar, por ejemplo. O pueden modificar los tratamientos, algo que hoy no pueden hacer. Además, las personas con Incluir Salud siempre van a estar en desventaja, porque ésta paga a los 120 días, y eso genera un problema para muchos prestadores, que no la aceptan. Con Pami pasa más o menos lo mismo", señaló la referente de la Fundación Desafío.
En el mismo sentido, opinó que otro de los efectos nocivos sobre el sistema de prestadores para discapacidad sería el fin de la equidad, en un marco en el cual "el que más paga más tiene, va a tener mejores beneficios".
Abasolo explicó que el nuevo esquema que impulsa Javier Milei les pegaría de lleno a los centros terapéuticos que, como la Fundación Desafío, atiende tanto a quienes tienen cobertura como a los que no. Al día de hoy, tienen 45 pacientes y de ellos 17 tienen becas porque de otra forma no podrían solventar los costos. Según la referente de la ONG, eso se terminaría si avanza la desregulación.
Precios
Por otro lado, asegura que un cambio en el sistema como el que impulsa el gobierno de Javier Milei empujaría a los prestadores de servicios para discapacidad a negociar precios mano a mano con obras sociales y prepagas.
"Seguramente, todos van a querer pagar menos y obviamente a nosotros también nos va a costar sostener a las personas becadas, que se mantienen con los que tienen obra social. Sería una negociación a pérdida por las prestaciones. Hay gente que ya no le conviene trabajar en discapacidad y está buscando otras alternativas", apuntó Verónica Abasolo.
Por su parte, Luciana Joulie, profesora de educación especial nucleada en la Unión de Educadores de Educación Especial (Uede), coincidió en que la reforma que impulsa el gobierno nacional es la "desregulación de los nomencladores, es decir los montos que cobramos quienes trabajamos con personas en situación de discapacidad".
Joulie dijo que el borrador del decreto que se difundió:
Nos pone en alerta y por eso es la movilización. Lo que vemos es que esto va a abrir la posibilidad de que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda Nos pone en alerta y por eso es la movilización. Lo que vemos es que esto va a abrir la posibilidad de que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda
E indicó: "Con Pami y con Incluir salud será con las que menos se va a querer trabajar. Se cobra muy tarde. Además, quien no tenga obra social se queda sin la posibilidad de que se le brinden determinadas prestaciones. Todo esto en el marco de mucha incertidumbre, porque tampoco hay información certera".
Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, que está realizando clases públicas en distintas provincias para visibilizar la situación en el marco de un paro, dijo también que: "Con el Nomenclador mercantilizado lo que sabemos es que va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado".
Una desigualdad absoluta
"Al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad, a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy se suma la angustia que genera en el colectivo el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones", difundió esa Asamblea mediante un comunicado.
"El decreto afecta de manera muy negativa al colectivo de discapacidad. Al darle autonomía a los entes financiadores, lo que están diciendo es que van a hacer un ajuste. Y ese es un problema, porque al desfinanciar todos los fondos que están contemplados en el artículo 7 de la ley 24.901, las obras sociales que son beneficiarias de estos fondos no van a tener el dinero para pagar las prestaciones. Eso va a generar una cadena donde las obras sociales no van a poder cumplir el 100% de las prestaciones en discapacidad porque no van a tener dinero", marcó Juan Guardatti, de Derechos sobre ruedas.
"Y tampoco las personas con discapacidad se van a poder financiar por sí solas las prestaciones. Porque 8 de cada 10 no tienen trabajo en este país. Y la pensión por invalidez equivale al 70% de una jubilación mínima".
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