El foco en la cuestión presupuestaria
La principal novedad del proyecto enviado esta semana es la incorporación de un artículo específico que detalla el origen y el monto de los fondos destinados a poner en marcha el sistema. En concreto, el texto establece una asignación total de $23.739 millones, de los cuales $3.131 millones provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607 millones de la Defensoría General de la Nación.
Este punto busca responder a los cuestionamientos que había generado el dictamen anterior, que facultaba al jefe de Gabinete a readecuar partidas presupuestarias. Esa metodología había sido criticada incluso dentro del propio oficialismo, que ahora optó por dejar explícito el esquema de financiamiento.
En paralelo, también se analiza la posibilidad de avanzar en convenios entre la Nación y las provincias, para que cada distrito pueda adaptar su sistema institucional y de infraestructura a las exigencias del nuevo régimen.
Los argumentos del Ejecutivo
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que la situación de los menores en conflicto con la ley penal constituye uno de los problemas más graves que atraviesa la sociedad argentina. En ese sentido, plantea la necesidad de una respuesta integral que no se limite al aspecto punitivo, sino que incluya políticas de acompañamiento, reinserción social y acceso al trabajo.
Además, el Poder Ejecutivo insiste en que la normativa vigente, la Ley 22.278 sancionada en 1980, no se ajusta a los estándares constitucionales ni a los compromisos internacionales asumidos por el país, y que resulta imprescindible contar con una legislación específica acorde a la realidad social actual.
Como parte de su justificación, el proyecto señala que Argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto a la edad de imputabilidad y cita los casos de países vecinos y de América Latina que fijan ese umbral entre los 12 y los 14 años.
Una discusión que vuelve al centro del debate
Con más de 50 artículos, el nuevo proyecto aborda desde los principios rectores del régimen penal juvenil hasta las condiciones de detención en institutos especializados, pasando por los derechos de las víctimas, las causales de extinción de la acción penal y las disposiciones fiscales necesarias para su aplicación.
El desafío del oficialismo será ahora construir los consensos necesarios para avanzar en un tema sensible, atravesado por fuertes diferencias políticas y sociales. El tratamiento exprés que se busca imprimirle esta semana marcará si el Gobierno logra finalmente destrabar una reforma que lleva años en discusión o si el debate vuelve a postergarse en el Congreso.
El proyecto completo a continuación:
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