Los argumentos en contra del aumento del peaje
La BCR rechazó los aumentos propuestos porque entiende que “la concesión de la hidrovía que tiene la AGP es a su exclusivo riesgo”. En ese sentido, desde la entidad señalaron que no les corresponde a los usuarios de la VNT hacerse cargo "de sus deudas y previsiones pendientes de pago de US$ 94,8 millones estimadas para los próximos tres años en función del descalce de caja generado por las renegociaciones de precios”.
La entidad bursátil advirtió que “la actualización de la tarifa de cabotaje no se ajusta a lo establecido en el contrato de concesión y tampoco corresponde el ajuste para los barcos con cargas internacionales que toma en cuenta la inflación de EE. UU." y precisó que “el régimen tarifario de la concesión no prevé ajustes por inflación, sino que establece que toda determinación del cuadro tarifario deberá estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos, económicos, financieros y legales previos y en la consideración de los hechos, actos y sus consecuencias que la hayan causado”.
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Javier Milei estará en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Por otro lado, sobre las obras de ampliación que se financiarían con un porcentaje del aumento tarifario, la BCR afirmó que “en este caso el aumento del peaje que se derivará de una mayor profundización no implicará ningún beneficio económico que se refleje en un ahorro en el costo por tonelada transportada, que es lo que finalmente impacta en la competitividad del comercio exterior de nuestro país”.
Las objeciones del CIARA y el CEC a Milei
En su presentación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) afirmaron que el análisis de los documentos presentados por la AGP en la consulta pública revelan que "la adecuación tarifaria se basa en cifras aproximadas, contradictorias y en razones ignotas”.
“Ninguno de los argumentos presentados dan suficiente evidencia y respaldo documentario imprescindible para su comprobación y no incluyen una evaluación del impacto del incremento de casi el 63% que acarreará a todas las cadenas productivas argentinas y en especial a la agroindustrial”, alertó el escrito de las entidades que preside Gustavo Idigoras.
Representantes de las industrias aceiteras y las exportadoras tampoco comparten “que sea necesario promover ahora un dragado adicional de dos pies con una tarifa muy elevada en comparación con otros servicios de dragado en Argentina y en la región”.
Por último, CIARA Y CEC le reclamaron a Milei que cumpla con el decreto 709/24 y convoque a “empresas de dragado y balizado con experiencia internacional para hacerlos competir y tener una tarifa acorde con los servicios a riesgo empresarial y sin subsidio estatal”.
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