1. Aceptar el pedido de suspensión del fallo, lo que detendría la entrega de las acciones de YPF.
2. Rechazar el pedido de suspensión del fallo, manteniendo así la orden de la jueza Preska de entregar las acciones.
3. Aceptar la suspensión de la entrega de acciones de YPF, pero con la condición de que el Gobierno argentino deposite un activo alternativo como garantía.
En caso de que ocurran la Opción 2 o la Opción 3, el Gobierno de Javier Milei tendrá que recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, tal como informó Maril.
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones paralelas:
- Una, contra la sentencia que establece la indemnización de US$16.100 millones, cuya audiencia se fijó para la semana del 27 de octubre, y
- otra, en la que la defensa debe presentar sus argumentos el 25 de septiembre, contra el pedido de Preska de entregar las acciones.
"Es una decisión administrativa extremadamente importante para todos los argentinos porque, si no es favorable, solo quedaría la Corte Suprema para revisarla", advirtió Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, quien no descartó tampoco la "tercera opción" como la posibilidad de entregar un activo alternativo a las acciones de YPF.
La decisión la tomará hoy el tribunal, pero seguramente se de a conocer mañana miércoles 13/08 La decisión la tomará hoy el tribunal, pero seguramente se de a conocer mañana miércoles 13/08
¿Qué pasa si se mantiene la orden, y la Argentina no acata?
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Si el país incurre en desacato, de mantenerse la orden de la jueza Loretta Preska, afirman que el principal impacto sería a nivel reputacional.
Si el país incurre en desacato de mantenerse la orden de Preska, Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies, consideró que el principal impacto sería a nivel reputacional, ya que según el especialista, los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de activos bajo jurisdicción extranjera.
Sin embargo, el impacto sobre la política exterior de Argentina sí afectaría la economía en el sentido de que:
"Incumplir esa orden tendría un impacto reputacional, sobre todo ahora que el gobierno de Javier Milei busca volver a los mercados internacionales de deuda, aunque no tendría consecuencias prácticas inmediatas", sostuvo.
Además, la Ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, establece en su artículo 10 que el Estado argentino no puede transferir las acciones de la compañía sin una autorización previa del Congreso.
La demanda de los fondos se basó en el argumento de que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones, como establecen los estatutos de YPF. La recordada frase del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, en la que calificó de "estúpido" respetar el estatuto, fue citada por los demandantes y la jueza como prueba.
La presión de Burford Capital
Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada.
Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada.
Mientras tanto, Burford Capital, el fondo de inversión que adquirió los derechos de litigio y es el principal beneficiario del caso, ha intensificado su presión sobre Argentina.
Burford busca demostrar que el Estado y YPF actúan como un "alter ego", lo que le permitiría avanzar sobre otros activos estatales.
Con ese fin, solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, además de exigir la transferencia directa del 51% de las acciones estatales en YPF.
La jueza Preska ya había determinado previamente que las acciones debían ser entregadas, pero Argentina apeló esa decisión, solicitando un "stay" (suspensión de la medida) hasta que se resuelva la apelación en septiembre.
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