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Escándalo y corrupción en Rosario: Policías bajo la lupa por malversación de fondos

Tras destaparse un esquema de corrupción en el sistema de carga de combustible para patrulleros, intervinieron la Unidad Regional II de Rosario. Hay detenidos.

ROSARIO. El inicio de la semana comenzó complicado en la ciudad: el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por 90 días la Unidad Regional II (URII) tras destaparse un esquema de corrupción en el sistema de carga de combustible para patrulleros. Por la causa hay 17 detenidos, de los cuales 13 son personal policial.

Malversación de fondos para combustibles

En ese marco, la investigación reveló una malversación de 45 millones de pesos mensuales y derivó en 38 allanamientos, 17 detenciones (13 policías y 4 civiles) y el desplazamiento de las máximas autoridades de la fuerza en la región.

Como parte de la intervención, Claudio Romano fue designado interventor en reemplazo del jefe de la URII, Daniel Acosta, y del jefe del Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría. Vale tener en cuenta que la medida podrá extenderse más allá de los tres meses si la Justicia lo considera necesario.

La causa, caratulada como "malversación de caudales", se originó a partir de una denuncia de la Oficina de Violencia Institucional y, luego de reunir el suficiente material probatorio, se actuó rápidamente para evitar filtraciones y asegurar pruebas clave.

El escándalo involucra a una red interna que desviaba fondos públicos mediante la adulteración del consumo de combustible destinado a móviles policiales. Según lo informado hasta el momento, todo apunta a un sistema aceitado con participación tanto policial como civil.

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Intervinieron a la Policía de Rosario

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo y José Luis Caterina, brindaron detalles de los allanamientos llevados adelante.

En ese sentido, Cococcioni precisó que, con el objetivo de "colaborar y garantizar la eficacia" se decidió preservar la investigación para detectar el ilícito.

"Fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible", agregó y amplió que "muchos de estos controles fueron incumplidos; con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor".

Como cierre, el ministro remarcó: "Siempre hemos dado a la Policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos". Sobre esa línea, valoró el incremento del patrullaje y la operatividad asegurando con firmeza que desde el gobierno provincial no se permitirá "que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad".

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"No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad", destacó en conferencia Pablo Cococcioni.

"Debemos garantizar que cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin, y no desviado de su objetivo. La necesidad de ejemplaridad en la función pública suma gravedad a la situación. La posición del Gobierno de la Provincia es inamovible en nuestro compromiso con la seguridad y contra la corrupción institucional". "Debemos garantizar que cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin, y no desviado de su objetivo. La necesidad de ejemplaridad en la función pública suma gravedad a la situación. La posición del Gobierno de la Provincia es inamovible en nuestro compromiso con la seguridad y contra la corrupción institucional".

38 allanamientos y 17 detenidos

Por su parte, Merlo reveló que se realizaron 38 operativos y consideró que el objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero.

Finalmente, Caterina, a cargo de la investigación, indicó que "La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible". A su vez, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible.

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