Otra contraparte a la nueva ley de juego online fue la Iglesia Católica. La entidad, con fuerte presencia en Córdoba y su política provincial se mostró disgustada por la medida, aunque dispuesta a sacrificar la convicción ya que la relación con el Gobierno provincial es más que buena.
En favor de la nueva ley, las voces de apoyo desestiman que se trate de la instalación de un nuevo “mal” referente a adicciones, sino de la regulación de una situación que ya ocurre. Además, se señaló que el registro del jugador será clave para sostener la competencia entre quienes pueden afrontar económicamente, excluyendo a beneficiarios sociales y familias de bajos recursos.
Según la ley provincial 10.793, estarán impedidos de las apuestas virtuales: los menores de edad, los deudores alimentarios, los propietarios de las licencias de juego, además de los deportivos relacionados con la actividad que se apuesta. También lo estarán las personas que sean beneficiarias de “planes o programas de ayuda social, financiados por organismos pertenecientes al Estado nacional, provincial o municipal”.
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