La presentación judicial afirmó que los funcionarios, al permitir esta injerencia, incumplieron con el juramento de desempeñar sus cargos con "lealtad y patriotismo" y los califica de "traidores a la patria".
Se argumentó que el BCRA, en lugar de cumplir con su obligación legal de ejecutar la política cambiaria y bloquear la intervención extranjera, delegó de facto sus facultades, dejando a la economía argentina en un estado de "vulnerabilidad total".
Los denunciantes concluyeron que “esa delegación ilegal ha transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía a una potencia extranjera, en flagrante detrimento del interés nacional y el futuro de los argentinos”.
La presentación subraya la “extrema gravedad de los hechos”, argumentando que no existen antecedentes en la historia argentina, ni siquiera en gobiernos de facto, de una cesión tan explícita de facultades soberanas a una potencia extranjera.
Detalla que esta intervención no fue un acto de asistencia desinteresado, sino que fue acompañada de coacciones y exigencias por parte de USA en áreas críticas para la soberanía nacional.
Se aludió, por ejemplo, a exigencias de acuerdos comerciales y facilidades para inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como energía y minería, incluyendo uranio, litio y petróleo.
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