CÓRDOBA. Cualquiera podría suponer que el trabajo en una central nuclear es, en su mayoría, una tarea calificada. Solo los científicos con mejor desempeño académico tienen la oportunidad de trabajar en un lugar como ese, con la responsabilidad consecuente.
Pero en Argentina todo es posible. Incluso para que cualquier persona se transforme en un empleado crucial para sostener una central nuclear.
Algo así ocurrió en Córdoba, donde la Justicia federal reveló un caso de presunta defraudación contra la administración por parte de dos empleados de Nucleoeléctrica Argentina S.A, una empresa estatal dedicada a administrar las plantas de Atucha I, II y Embalse, las tres centrales nucleares que hay en el país. Ambos imputados quedaron expuestos luego de que se abriera el concurso para un cargo jerárquico.
Según la investigación de la Justicia, en ambos casos, los empleados habrían presentado analíticos de secundario falsos que les daban acceso a los puestos mejor remunerados. Para ello, necesitaban analíticos emitidos por secundarios técnicos.
Desde 2013 en adelante, los dos empleados apuntados percibieron un plus salarial por título que, entre ambos, alcanzó el millón de pesos. Todo eso bajo las narices del Estado nacional.
Los dos empleados habrían desarrollado tareas en la Central Nuclear de Embalse y querían ascender a Supervisor Mecánico de Campo. Pero un entrecruzamiento de datos en recursos humanos terminó revelando la trampa.
En ambos analíticos figuraban notas idénticas, en periodos exactamente iguales y con la firma de las mismas autoridades. Lo único en lo que se diferenciaban ambos documentos era en los datos del alumno.
Eso despertó la alarma en la empresa estatal, que pidió la intervención del Ministerio de Educación. Desde allí, se reveló que ninguno de los dos empleados tenían títulos técnicos en su haber.
“Es posible advertir que los imputados se valieron de la falsedad contenida en los documentos por ellos utilizados para engañar a la autoridad administrativa y, valiéndose del error, lograron la disposición patrimonial perjudicial a través del cobro de un plus dinerario en sus salarios durante un extenso período”, señalaron desde la Justicia.
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