CÓRDOBA. El caso del accidente de tránsito del legislador Oscar González sacudió a todo Córdoba. Con una persona muerta y una menor que quedó parapléjica, el escándalo rodeó a uno de los hombres más influyentes de la provincia, tanto el oficialismo como en la oposición.
Pero más allá de los pormenores del siniestro que terminó con la vida de una docente en circunstancias que todavía deben ser esclarecidas, el foco real fue puesto sobre los privilegios de “casta” que se manejan en la política local. El choque fue protagonizado por González mientras conducía un automóvil que no le pertenecía.
Si bien tenía derecho a conducirlo conforme a ley, el vehículo (un BMW X1) era un auto secuestrado por la Justicia y entregado en custodia al por entonces presidente de la Legislatura. Ese dato fue, tal vez, el más rutilante a nivel político ya que despertó la indignación de la ciudadanía al unísono.
Por ello, todo el arco político de Córdoba decidió avanzar en lo que probablemente sea un gesto de reacción tardía: amputar los “autos prestados” de la Legislatura. La medida, según los legisladores, apunta a transmitir la empatía con el pueblo cordobés en medio de una crisis económica asfixiante.
En ese sentido, la Legislatura buscará modificar rápidamente la ley 8.550 por la cual el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hace concesión de vehículos (en su mayoría de alta gama) a funcionarios y legisladores. Esa posibilidad quedaría exclusivamente abierta para organizaciones benéficas y otras.
Tal fue el escándalo que generó el caso González que, al día de hoy, la Legislatura no posee vehículos en guarda. Antes del accidente, había al menos nueve unidades repartidas entre oficialistas y opositores.
El espíritu de la ley mencionada, según explicaron los legisladores, era el de poder darle una utilidad a las máquinas secuestradas que, en caso contrario, se arruinaban en un depósito. Aunque quedó a la vista que ello se terminó tergiversando ya que muchos legisladores admitieron uso personal de esos autos cuando ello no estaba contemplado.
Además, esos vehículos implican un gasto para la Legislatura. Los integrantes de ese cuerpo del Estado pasaron hasta hace poco los gastos de combustible y mantenimiento a las arcas provinciales.
Así las cosas, Córdoba se habría puesto de acuerdo para clausurar un claro privilegio de toda la política provincial. Algo que se tiende como un gesto de percepción a la bronca de la gente.
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