Pedro Goyochea (asesor del gobierno riojano)
El enviado provincial afirmó: “para participar en este proceso judicial y ser escuchados, ya que la acordada de esta figura- contempla los juicios de carácter ordinario como los que se presentan en materia originaria como es este caso entre el Estado y CABA”. En Julio y diciembre 2022 ”realizamos la presentación para ser amigos del tribunal y no tuvimos respuesta”.
Luego aclaró que se tomaron dos aspectos para esa presentación uno que “tienen que ver con una naturaleza histórica” (estructura y rol de las provincias del norte) y el otro con una “cuestión de carácter jurisprudencial”.
“Hemos advertido que la Corte a partir de 2017 adoptó lo que se denomina un nuevo standard en lo referido a las presentaciones de CABA, para poder tener participación en causas originarias, es decir, admitir la CABA para estos juicios originarios. Desde el año 2004 la Corte Suprema de manera coherente y sistemática ha venido rechazando esa capacidad ya que les corresponde únicamente a las provincias”, detalló
Marcos Denett (por Catamarca)
Testificó que la provincia se “apersonó sobre esta causa” ejerciendo facultades de la acordada de la Corte bajo la figura de Amicus Curiae, que calificó como “una figura de carácter republicano que nos ha permitido incorporarnos en este proceso”.
“La presentación de la provincia se hizo manifestando que no éramos parte de este proceso, pero teníamos legitimación para intervenir ya que nos interesaba dar cuenta del desfasaje a favor de la CABA”. señaló
El fiscal de Santa Cruz, argumentó
"Entendíamos que el mecanismo de coparticipación es sumamente complejo y que cualquier decisión que se pueda tomar respecto de recursos fiscales podría incidir en las economías y finanzas de distintas provincias de una manera directa o indirecta. Por eso cuando tomamos conocimiento de la causa, que se estaba pidiendo y tramitando, decidimos recurrir al instituto del Amicus Curiae para dejar sentada nuestra posición”.
Al comienzo de la reunión, se aprobó la solicitud del diputado Rodolfo Tailhade (FdT) de convocar a Alejandro Otero, actualmente funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y quien había elaborado un estudio sobre el reparto de recursos coparticipables, exponiendo en el Senado, a declarar ante la Comisión.
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