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Ningún poder supera en prestigio a otro, según la encuesta de Universidad de San Andrés.
No están los votos
El Gobierno no tiene los votos para iniciar el juicio político en el recinto, toda vez que carece de las mayorías agravadas para aprobar las acusaciones. Además está imposibilitado de conseguirlas por el enfrentamiento con la oposición. En la Casa Rosada lo saben. No podría ser nunca un secreto: el oficialismo ni siquiera consiguió quórum para habilitar las últimas sesiones de la Cámara de Diputados. Por eso su objetivo de máxima sería abrir una investigación y dedicarle largas jornadas al desgaste de la Corte. Para eso sí cuenta con una ajustadísima mayoría en la Comisión de Juicio Político de Diputados, que oficia de cámara acusadora (el Senado juzga) y donde se intentaría que los jueces respondan ante los talibanes del kirchnerismo que atacaran con, por ejemplo, supuestas conversaciones del vocero de Rosatti que ni siquiera constituirían una causal de jury.
La presidente de la Comisión es la oficialista entrerriana Carolina Gaillard, quien se mostró convencida de avanzar contra la Corte a diferencia del gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, que habría comprometido su acompañamiento a la iniciativa del Gobierno pero luego desistió. La marcha atrás habría sido tan sobre la hora que su firma quedó junto con la de los otros mandatarios provinciales que adhirieron, por lo que tuvo que hacer trascender una aclaración. Tampoco se sumaron el sanjuanino Sergio Uñac, quien espera el aval de la Corte a su proyecto reeleccionista, ni el puntano Alberto Rodríguez Saá, a pesar de que sí habían apoyado la crítica del Gobierno contra la Corte y la solicitud de revocatoria del fallo que benefició a la CABA. Luego está el caso particular de Mariano Arcioni, tan particular como el caso de Sergio Massa, a quien el gobernador de Chubut responde. El documento difundido por la Casa Rosada incluye la firma de Arcioni, pero este en ese momento se encontraba de licencia y fuera del país, por lo que su rúbrica no tiene validez dado que quien estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial era el vice, Ricardo Sastre, quien tampoco firmó. “Tampoco es un tema de firmar un papel, sino que acompañó el proyecto, el pedido”, minimizó la portavoz Gabriela Cerruti.
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Los gobernadores que prestaron su firma para impulsar el juicio a la Corte.
Ambigüedades
Pero el caso de Arcioni es parte de una serie de ambigüedades del massismo. Tal como informó Urgente24, desde el Frente Renovador, el partido de Massa, hicieron trascender el desinterés del ministro de Economía en quedar envuelto en la crisis con la Corte. Por un lado, estaría en desacuerdo con una avanzada institucional como la que propone el Gobierno; por el otro, entendería que esa misma embestida puede tener efectos nocivos sobre la economía que trata de ordenar. Por ello es que habría buscado desvincularse de la iniciativa oficial -sin entorpecerla- haciendo renunciar a sus diputados -tiene 3- en la Comisión de Juicio Político. Sin embargo, esa versión que corrió durante las primeras horas del jueves fue desmentida a medias hacia el final del día a través de voceros. Sí hubo renuncias: la de la santafecina Vanessa Massetani y la de Ramiro Gutiérrez, quien luego la retiró. La 3ra diputada massista es la zarateña Micaela Morán. “Queremos dar una discusión abierta a la sociedad porque vemos que hay un ataque al equilibrio de los tres poderes del Estado”, dijo Carlos Selva, diputado del Frente Renovador.
Hasta el momento, ninguno de los 3 diputados massistas en la Comisión se refirió al tema y Massa sigue sin expresar su opinión sobre la cuestión del juicio político. El ministro construye su precandidatura presidencial y para ello se abstrae de temas espinosos que lo alejan del electorado de centro. La eventual contribución en el jury de sus legisladores, sin embargo, no colaboraría en ese afán. Massa apuesta a que sea la gestión el motor de sus objetivos electorales. Acaba de mandarle al Gobierno el proyecto de blanqueo con el que espera repatriar dólares que engorden las reservas del Banco Central. Pero más que nada se obsesiona con consolidar una tendencia declinante de la inflación. El jueves se conocerá el dato de diciembre. En el Palacio de Hacienda confían en que se ubique otra vez por debajo del 5%. Sólo con una mejora del poder adquisitivo el ministro ve posibilidades de que el peronismo revalide el título en octubre próximo.
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Massa llevó beneficios para el sector productivo lacteo a Villa María, Córdoba. El ministro de Economía se concentra en la gestión y se abstrae del barro político.
NA
Buscando la bendición
Alberto Fernández también está expectante con la carrera de los precios, el único punto flojo de la economía que reconoció en su carta de Año Nuevo. El Presidente todavía no termina de descartar su proyecto reeleccionista. Trataría de computar en su haber el eventual dominio de la inflación. Pero eso solo no le alcanza, por lo que también buscaría reconquistar a Cristina Kirchner. La persecución a la Corte tiene ese trasfondo. Algunos gobernadores también estarían buscando la bendición de la Vicepresidente. Uno de ellos, Gerardo Zamora, uno de los que animó el pedido de juicio político contra los jueces -antes había procurado que Fernández desconozca el fallo de la coparticipación- denunció a Silvio Robles, vocero de Rosatti, por unos presuntos chats con Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño que tuvo que pedir licencia para defenderse de esas filtraciones que habrían sido producto del espionaje ilegal y la manipulación. Un juez amigo le concedió al gobernador de Santiago del Estero no sólo una intimación a Robles para que entregue su celular, sino que le dio acceso a la causa a pesar de no ser parte de la misma. Todo eso antes de que el juez santiagueño, Guillermo Molinari, terminara admitiendo su incompetencia para girar el expediente a Comodoro Py, donde recayó en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene otras denuncias sobre el tema.
Lijo está de vacaciones. Lo reemplaza María Servini. Pero la jueza barú budú budía tiene un conflicto con D’Alessandro por cuestiones relacionadas con su custodia y mandó la causa a sorteo. Le tocó a María Eugenia Capuchetti, quien es blanco de ataques del kirchnerismo, que le endilga pasividad en la causa del atentado contra CFK. En plan de demolición salió Martín Soria, ministro de Justicia, que denunció que Capuchetti es una contratada del gobierno porteño en Instituto Superior de Seguridad Pública. Para Soria, era una prueba “las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py”. La Institución aclaró que Capuchetti se desempeña como docente, algo que no le está vedado. Sorprendió la agresividad con la que se despachó el ministro y que haya hecho uso de un fotomontaje para sembrar sospechas sobre la jueza, algo poco digno de su investidura, a la que además le recomendó, al igual que a Rosatti, que se tome “una larga licencia”. Soria es otro de los que pretendería congraciarse con Cristina Kirchner: la Vice ya había mandado decir a través de su abogado que el ministro de Justicia era, para utilizar palabras de CFK, “un funcionario que no funciona”.
Antecedente
Para que el Congreso empiece a tramitar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema el presidente Fernández deberá convocar a sesiones extraordinarias. La vocera Cerruti adelantó que eso ocurrirá durante la 2da quincena de enero. Entonces la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados determinará si hay condiciones para iniciar un sumario. Como el oficialismo cuenta con mayoría (16 diputados sobre un total de 31), se anticipa que avanzará en todas las instancias que requiera el trámite. El problema para el Gobierno vendrá después, cuando esas actuaciones deban ser validadas en el recinto de la Cámara Baja . El Frente de Todos no cuenta con los 2 tercios requeridos, ni sumando a todos sus aliados. Hay que recordar que de las 23 provincias, sólo 11 firmaron el pedido del Presidente (si la de Arcioni no cuenta, son sólo 10), lo que abre un interrogante sobre el acompañamiento de los legisladores que responden a esos gobernadores.
En 2002, Eduardo Duhalde dio impulsó, al igual que ahora lo hace Alberto Fernández, al juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema. Apuntaló una iniciativa opositora. Además de los jueces de la denominada “mayoría automática”, que había contraatacado con la inconstitucionalidad del ‘Corralito’, integraban el tribunal Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Gustavo Bossert. En acuerdo del Gobierno con el radicalismo, el Frepaso y un grupo de diputados peronistas que encarnaban el incipiente kirchnerismo, la acusación contra los magistrados llegó al recinto. Pero ante un giro de Duhalde, que veía riesgos de gobernabilidad, los legisladores del PJ, entre los que se contaban los que aún respondían a Carlos Menem, no sostuvieron la acusación, por lo que no se alcanzaron los 2 tercios requeridos para que el juicio pasara al Senado. Duhalde iba a evaluar luego como un “error” haber iniciado un juicio político “a todo un poder del Estado”. El antecedente, por su desarrollo, parece un espejo más cercano a la realidad de Alberto Fernández.
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