La antítesis declarada y la misma consecuencia
El gobierno actual invierte el signo del relato. Donde antes se declamaba la presencia estatal, ahora se declama su enemistad: el propio presidente se ha definido como una fuerza que vino a demoler el Estado desde adentro, como un topo que cava su propia destrucción. Es, en apariencia, la negación absoluta de todo lo anterior.
Y sin embargo, el resultado converge. Si en un caso el Estado se ausentaba de la salud mientras proclamaba su presencia, y en el otro se ausenta de la salud proclamando abiertamente que ese es el objetivo, la consecuencia para el paciente, para el prestador y para el sistema es exactamente la misma: menos Estado donde la Constitución exige más. Hay, en el fondo, una inquietante coherencia entre gobiernos que se presentan como opuestos: la desaparición progresiva de la responsabilidad indelegable que el Estado tiene sobre la salud de la población, más allá de cuál sea el color político de turno.
Porque conviene decirlo con toda claridad: la salud no es una preferencia ideológica de un gobierno u otro. Es un mandato constitucional y una responsabilidad indelegable con la ciudadanía, esté o no de moda declamarla, se la financie o se la desfinancie, se hable de presencia o de ausencia.
Una crisis crónica que no distingue banderas
El sistema de salud argentino atraviesa hoy una crisis estructural que no es nueva, pero que se agrava. Persisten asimetrías insensatas entre lo que reciben los financiadores del sistema y lo que efectivamente llega a los prestadores. Más de cinco mil clínicas acumulan hasta veinticinco años de deuda en aportes patronales impagos, un indicador brutal de hasta qué punto la ecuación económica del sector se volvió insostenible. El sector público, mientras tanto, no cuenta con la capacidad instalada necesaria para responder a la demanda real de los pacientes que no tienen otra cobertura.
A esto se suma una asignatura pendiente que atraviesa gobiernos de todo signo desde la década de 1960: las obras sociales sindicales continúan recibiendo fondos multimillonarios sin un control efectivo, ni sanitario ni financiero, proporcional a la magnitud de esos recursos. Bajo la bandera de la desregulación, la Superintendencia de Servicios de Salud fue resignando buena parte de sus potestades de contralor, un proceso que se aceleró con los DNU y las decisiones posteriores de la gestión actual. Se desregula el control, no la ineficiencia.
El abismo hacia el que converge todo
Cambiar todo para que nada cambie. Y si nada cambia, la dirección es previsible: los prestadores, cada vez más cerca del abismo financiero. Los pacientes, declamados de un signo político y de otro, cada vez más a la intemperie del sistema real. Y las grandes corporaciones de la salud, concentrando cada vez más poder económico, un poder que se traduce en asimetría en la negociación de aranceles, en posición dominante frente a prestadores atomizados, y en la explotación silenciosa de los médicos, que son, en definitiva, quienes efectivamente sostienen el sistema con su trabajo.
Lo que está en juego antes de octubre
Este es un sistema que, si no se pone sobre la mesa en vísperas de un año electoral —si no se lo asume como una verdadera política de Estado y no como un capítulo más del relato de turno—, seguirá en terapia intensiva. Mientras tanto, los ciudadanos, tengan o no recursos, en todos los estratos sociales, tendrán cada día menos acceso real a una salud de calidad y efectiva.
La pregunta que Lampedusa dejó flotando en su novela sigue vigente para la salud argentina: ¿cuánto se puede cambiar en la superficie —discursos, siglas, enemigos declarados— sin tocar jamás la estructura que produce la exclusión? Mientras no exista una verdadera coparticipación federal, un control real y efectivo sobre los fondos de las obras sociales, y una decisión política sostenida en el tiempo —no en el calendario electoral— para financiar la salud como manda la Constitución, seguiremos siendo, como los sicilianos de Tancredi, testigos de un cambio que no cambia nada.
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