"Al ser interrogado respecto de las acreditaciones efectuadas a favor de las cuatro personas ajenas a la Armada anteriormente individualizadas, ATANASOFF reconoció conocer dichas operaciones y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente.
Asimismo, manifestó que su finalidad había sido favorecer económicamente a dichas personas y que era él quien decidía las operaciones, sus beneficiarios y los importes involucrados.
Al ser interrogado respecto de si instruía a alguna persona para materializarlas, aclaró que las ejecutaba personalmente, manifestando asimismo que ninguna otra persona participaba junto con él en la adopción de dichas decisiones".
La presentación judicial recayó en el Juzgado Federal N° 2, de Sergio Ramos, luego de que una auditoría interna iniciada en febrero de 2026 destapara un esquema sistemático de desvío de fondos públicos que operó durante al menos 3 años y medio.
La denuncia fue formalizada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio.
De acuerdo a la presentación, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, alcanzando un perjuicio histórico total de $981.148.567,88.
Los fondos extraídos correspondían a pagos que superaban los haberes legítimos o que carecían por completo de respaldo administrativo.
Según la presentación, hasta el momento del avance judicial, la fuerza logró recuperar $ 42.574.267,63, quedando un saldo pendiente de $ 938.574.300,25.
La investigación técnica descubrió que el fraude operaba mediante la alteración manual de registros y archivos informáticos. El mecanismo consistía en modificar los datos después de los controles ordinarios y antes de que los lotes de pago fueran enviados al Banco Nación.
Una vez superado este filtro, los valores eran restituidos a su estado original, lo que impedía que los montos adicionales figuraran en los recibos oficiales. De este modo, los pagos irregulares se camuflaban dentro de la nómina mensual destinada a más de 24.000 agentes, logrando eludir los circuitos habituales de fiscalización.
Un dato central de la causa es que casi la mitad del dinero desviado —el 44,25%, equivalente a $ 434.200.718,04— fue a parar a manos de cuatro personas sin ningún tipo de vínculo con la fuerza: María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia, acumulando un total de 184 acreditaciones.
Entre ellos destaca Prieto, quien percibió $ 152.259.495,86 y es cónyuge de Atanasoff.
Ante la gravedad institucional, el Ministerio de Defensa y la cúpula de la Armada ordenaron la separación preventiva de los cargos de los involucrados y la preservación de los equipos informáticos y archivos.
Asimismo, la fuerza dispuso un refuerzo inmediato de los controles internos, reestructurando y separando las funciones clave entre la liquidación, el pago y la conciliación bancaria para evitar que se repitan vulnerabilidades similares en el manejo de los fondos públicos.
