En medio de un verdadero escándalo por el pésimo y sospechoso manejo de los fondos que financian los planes sociales en la Argentina, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, decidió inyectar otros $75.000 millones.
A través de la suba del salario mínimo vital y móvil y de un nuevo aumento en la Tarjeta Alimentar, una de las funcionarias más cercanas al presidente Alberto Fernández intenta calmar la calle.
Se prevé que los cambios, como mínimo, representen un incremento extra de $75.000 millones hasta marzo, según el cálculo que hizo Clarín y chequeó con fuentes oficiales. Se agregarán al presupuesto actual de ambos programas, a los que en lo que va del año se les transfirieron casi $700.000 millones y que para 2023 tienen establecidos fondos globales por más de $1 billón.
"En total, son $7.475 millones por mes en promedio, que sumando los cuatro períodos que vienen serán exactamente $ 29.990 millones extra al Potenciar Trabajo que tendrán que destinar desde Desarrollo Social a un programa que en lo que va del año ya recibió fondos por $ 364.000 millones y que cerrará el año, como mínimo, con recursos por $ 416.000 millones", agregó el periodista Bernardo Vázquez.
Justamente, el programa Potenciar Trabajo es que el está bajo la mira de la Justicia por beneficiarios que tienen tarjetas de créditos, bienes a su nombre -como propiedades, embarcaciones, aeronaves- y compran dólares oficiales para ahorrar.
Fernando 'Chino' Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez son los 3 funcionarios nacionales que generan sospechas por ser quienes presionan y firman partidas presupuestarias que van a parar a organizaciones que ellos lideran, como Movimiento Evita y Barrios de Pie.
Dirigentes de la Coalición Cívica (CC), el espacio político liderado por Elisa Carrió, denunciaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) a Emilio Pérsico por incompatibilidad en sus funciones. ¿En pocas palabras? "Está de los dos lados del mostrador". El texto revela que a través de la Secretaría de Economía Social, de la cual es titular, el líder del Movimiento Evita intervino en dos expedientes, a través de los cuales la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual él era directivo, fue beneficiadas con más de 160 millones de pesos. En la presentación también se nombra a Alexandre Roig, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), por “la celebración de convenios con cooperativas de trabajo, federaciones, fundaciones y asociaciones civiles para el otorgamiento de soluciones financieras”. El sociólogo también es dirigente del Evita. Según la denuncia, esta también es una “clara incompatibilidad”.
La Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA está integrada por 49 unidades de gestión que emplea a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Algunas de ellas son: Cooperativa de Trabajo La Patriada; Cooperativa “La Montonera”; Cooperativa “Chacho Peñaloza” y Cooperativa “San José Obrero”.
Tal como informó Infobae, los referentes de la Coalición Cívica detectaron que al menos 16 funcionarios nacionales que forman parte de movimientos sociales como el Evita, Barrios de Pie, MTE, CTEP, UTEP, entre otras organizaciones, tendrían incompatibilidades al tramitar expedientes que terminan en subsidios para las cooperativas de sus organizaciones populares.
Entre ellos, se menciona a Daniel Menéndez, subsecretario de la Subsecretaría de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social; Carla Andrea Gutiérrez, de la Dirección de Gestión de la Economía Social y Popular; Carolina Brandariz, de la Dirección de Seguimiento y Abordaje del Desarrollo Local; Julián Aceituno, de la Coordinación de Roles y Actores de la Economía Social y Popular; Juan Martin Carpenco, de la Coordinación de Proyectos de Innovación Socioeconómica; Ramona Fernanda Miño, de la Secretaría de Integración Socio Urbana, y Francisco Cubría, de la Coordinación de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular.
Por este motivo, la CC solicitó ante la Oficina Anticorrupción: “A los funcionarios intervinientes en la concesión de soluciones financieras (subsidios), brinden la información correspondiente a los fines de determinar si los mismos no han firmado actos administrativos que beneficiaron directamente a organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones, fundaciones o federaciones de las cuales formaron (y forman) parte en un abierto conflicto de interés conforme lo consagrado en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
Según se filtró a la prensa, el fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación de oficio para saber por qué la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que dará de baja sólo 2243 planes Potenciar Trabajo cuando un informe de la Agencia Federal de Ingresos públicos (AFIP) había detectado más de 250.000 casos de beneficiaros que presentaban irregularidades y no deberían acceder al beneficio social.
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