Esta denuncia fue presentada el jueves pasado (25/08) en los tribunales y cayó en el juzgado número 5 a cargo del Dr. Diego Amarante. Igualmente, según aclaran por Clarín, la diva de los teléfonos si presentó otros requisitos, como la declaración jurada de patrimonio, que permitieron al organismo determinar la deuda de 50 millones.
“No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento”, aclararon desde el organismo.
Según antecedentes de Susana, desde el ente entienden que es difícil que pague, por lo que piden que el juez le dé curso a la denuncia, la imputen y la llamen a declarar. Si no se presenta, sería convocada por fuerza pública o incluso liberarían alertas de interpol, pero seguramente no pase a mayores.
¿Qué respondió Susana?
Frente a esta controversia que podría dejarle una condena de 3 a 9 años, salió a bajar los humos su contador y abogado, Cesar Litvin. En una entrevista con Infobae explicó:
Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso
El cambio en las alícuotas generó que el impuesto que Giménez debía pagar representase el 126,22% de la renta generada en 2019, monto que subía al 143,56% si se sumaba el impuesto a las ganancias y una tasa agravada por los bienes que tiene en el exterior. Básicamente se le cobraba más de lo que producía.
Su equipo contable estimaba 22 millones que debía pagar Susana. También sostienen que en 8 años se lleva puesto el total capital por el que tributa. Es por eso que ofrecieron una pericia contable para probar esta cuestión.
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La vedette argentina, se mantiene en silencio a pesar de haber mandado a su abogado a dar explicaciones.
“La Corte ya tiene dicho que cuando un impuesto absorbe una parte sustancial de la renta y afecta el derecho de propiedad. En este caso absorbía toda la renta y ‘mordía’ una parte de capital con lo cual se daba perfectamente el test de confiscatoriedad. Esa cuestión está siendo litigada en el Tribunal Fiscal de la Nación”, explicó el abogado de la ex conductora.
Desde el entorno aclararon que la demora era por culpa de la pandemia: “Fue una demora. Entender que eso fue engaño es un absurdo. Este impuestazo generó que varios emprendedores y de alto poder adquisitivo se hayan ido a vivir a Uruguay, con un sistema impositivo más amigable”, continuó Litvin, que concluyó: “Hablé con ella, confía en la justicia”.
Se esperará a por mayor información para ver en que queda esta denuncia, que según el Régimen Penal Tributario, podría dejarle una condena de tres y medio a nueve años de cárcel a la conductora que presuntamente evadió impuestos.
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