Pero la Izquierda local y organismos de DD.HH. acusan al gobierno salvadoreño de delitos de lesa-humanidad. Tal como contó Urgente 24, se cometieron 'excesos', detenciones arbitrarias basadas en el aspecto físico, torturas y asesinatos dentro de los centros de detención, como informó Amnistía Internacional y Human Rights, llegando a una cifra de 56.716 detenidos.
Esta “ley y orden” en El Salvador desde la asunción de Bukele (2021) se desarrolló mediante las sucesivas prórrogas del estado de excepción que pausó ciertas garantías constitucionales como limitar la libertad de asociación y reunión (cuasi estado de sitio), suspender derechos durante un arresto (como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención), aumentar el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permitir a las autoridades la intervención en las correspondencias/celulares sin una orden judicial, tal como informó Urgente 24.
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