Como recuerda Bloomberg, en un país donde los centros penales tienen una capacidad instalada para 27.000 personas y más de 37.000 prisioneros, en cifras a 2020, que las autoridades tengan a 20.000 detenidos en sus manos anuncia la agudización de la crisis de hacinamiento. Hace una semana, el gobierno aprobó con urgencia una ley que no solo permite construir más cárceles, sino también la expropiación de inmuebles para adecuarlas de manera acelerada.
Reforma del Código Penal
A comienzos de abril el Congreso de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal, con la cual los miembros de las maras o pandillas podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel.
A partir de esta reforma se considera como adultos a mayores de 12 años, y se los juzgaría como tal.
Otros cambios introducidos son:
- Las condenas para menores de 12 a 15 años pueden ser de hasta 10 años;
- Los de 16 a 18 años se arriesgan a 20 años.
- Las penas por pertenencia a una pandilla subirán desde los 3-5 años a 20-30 años.
- Los líderes de pandillas y financistas recibirán penas de 40 a 45 años.
- La colaboración con las ‘maras’ también subió de 3-6 años de condenas hasta 20-30 años.
Si bien el Departamento del Tesoro de USA impuso sanciones a funcionarios de alto rango del gobierno de Nayib Bukele el año pasado por dar a los líderes de las pandillas “incentivos financieros” y privilegios penitenciarios a cambio de menos asesinatos. Cualquier “acuerdo” parecería haberse roto.
¿Qué piensan los salvadoreños de estas medidas? Según una encuesta de CID Gallup, al menos un 78% de los salvadoreños dijo estar “muy de acuerdo” y el 13% en “algo”, lo que la firma interpreta como un 91% de aprobación, es decir, nueve de cada 10 encuestados.
El pedido de organizaciones de DDHH
Amnistía Internacional describió la lucha de Nayib Bukele contra las pandillas ha desatado una “tormenta perfecta” de violaciones de derechos humanos y pidió la intervención de la comunidad internacional. “Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos del pueblo salvadoreño. Desde reformas legales que violan los estándares internacionales, hasta arrestos arbitrarios masivos y malos tratos a detenidos”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
The New York Times dice que el propio Bukele admitió que el gobierno ha metido en prisión a transeúntes, pero sostiene que representan un porcentaje ínfimo de las detenciones. Marvin Reyes, quien lidera un sindicato policial, dice que los agentes han recibido instrucciones de sus superiores para cumplir “una cuota diaria de detenciones”.
“El gobierno de El Salvador debería adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas, desmantelar estos grupos criminales y llevar a los responsables de abusos ante la justicia”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, Bukele ha impulsado leyes excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños”.
La nueva legislación establece penas de larga duración que podrían resultar en sanciones desproporcionadas, señaló Human Rights Watch. Aquellos condenados por liderar una pandilla “terrorista” ahora enfrentan penas de 40 a 45 años de prisión, en lugar de penas de hasta 14 años, como previamente establecía la legislación. Ser miembro de una pandilla ahora será penado con 20 a 30 años de cárcel, en lugar de 3 a 5 años.
La “lucha contra las pandillas” continúa y Nayib Bukele no piensa ceder.
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