Vamos a seguir trabajando en conjunto con los comités (de Viviendas) en las buenas y en las malas. Y cuando haya errores, vamos a enmendarlos en conjunto con ustedes. Porque es al pueblo, a ustedes, a quienes nos debemos Vamos a seguir trabajando en conjunto con los comités (de Viviendas) en las buenas y en las malas. Y cuando haya errores, vamos a enmendarlos en conjunto con ustedes. Porque es al pueblo, a ustedes, a quienes nos debemos
“Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre, para seguir trabajando en conjunto y enfrentando juntos las dificultades que tenemos“, añadió.
El mandatario chileno también señaló su compromiso con el Plan de Emergencia Habitacional presentado en el 2022 para construir más de 260 viviendas sociales ante la demanda habitacional de sectores populares.
“Cuando dijimos que íbamos a construir 270 mil viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les dijimos que no solo íbamos a construir las 270 mil viviendas, sino que lo vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y los comités”, declaró el presidente ante la multitud.
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Por el contrario al Oficialismo, quienes respaldan este proyecto salido de la moción del Senado (cuyos autores son Felipe Kast, Marcela Sabat y Ena Von Baer), son los legisladores del ala ultraderecha que argumentan que esta ley facilitaría el restablecimiento del vapuleado derecho de propiedad, sobre todo en la región de Araucaria en donde existe un conflicto con los Mapuches que ‘no entienden de propiedad privada’.
Lo interesante de esta Ley Antitomas es que prolonga el actual período de flagrancia (sorprender a una persona cuando está cometiendo delito), facilitando la detención de los usurpadores.
Es más, la Justicia con esta Ley Antitomas podrá encarcelar por celebración de compraventas o arrendamientos engañosos de propiedades ocupadas ilegalmente.
Sin embargo, la polémica con los sectores de Izquierda gira en torno a los puntos del proyecto es la disposición sobre la "legítima defensa privilegiada" de los propietarios y el concepto de "flagrancia permanente".
Con la legítima defensa privilegiada, el propietario gozaría de la misma protección legal que tiene cuando está en riesgo su vida y puede defenderla (la legítima defensa) abriendo una línea delgada para asesinatos por usurpación de propiedad.
En relación a ello, el propio gobierno manifestó su preocupación a través de la ministra del Interior Carolina Tohá que soltó que esta ley podría traer una cuasi guerra civil entre okupas y dueños.
Otro de los puntos más polémicos de la ley es la posibilidad de restitución anticipada del inmueble ocupado durante la investigación del delito y la presentación de demandas civiles, es decir, antes de dictaminar la culpabilidad o no.
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