“Los números del último año lo muestran con claridad. Con una inflación acumulada en torno al 31,5%, las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas, en promedio, cerca de un 27%. Sin embargo, los incrementos trasladados a los prestadores fueron, en el mejor de los casos, del 12%. Esta brecha no es anecdótica: es estructural. Y coloca a los efectores —a quienes realizan efectivamente los actos médicos— en una situación de inviabilidad económica, comprometiendo la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención”, destacó Ibarguren.
Los detalles de los costos de las distintas prestaciones de servicios de salud
Por lo tanto, el Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF) opinó: “Resulta llamativo que, en otros servicios esenciales, la sociedad haya comprendido que es necesario pagar tarifas que reflejen los costos reales. Energía, transporte o comunicaciones son ejemplos claros. En salud, en cambio, persiste una negación peligrosa. Es imprescindible asumir una verdad incómoda: la salud debe pagarse, al menos, por lo que cuesta. Y aun así, lo que cuesta no siempre refleja lo que vale. Porque el valor de la salud es social, humano y estratégico, y excede cualquier planilla de cálculo”.
De ahí, el gremialista y, a la vez, Magíster en Administración de Servicios de Salud, lanzó: “Este escenario expone una carencia más profunda: la ausencia de políticas públicas claras y sostenidas en el tiempo. El debate sobre el rol del Estado en salud suele oscilar entre la intervención discrecional y la retirada silenciosa. Ninguno de esos extremos resuelve el problema. El Estado debe ejercer su función de rector: ordenar, regular, evaluar y garantizar reglas previsibles que equilibren responsabilidades entre financiadores, prestadores y beneficiarios”.
¿Cuál es la propuesta de Juan Manuel Ibarguren?
No obstante, Juan Manuel Ibarguren aseguró: “Resulta impostergable que funcione de manera técnica, independiente y eficaz una comisión de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias. Incorporar prestaciones sin evaluar su efectividad clínica, su viabilidad económica y su accesibilidad real solo profundiza el desorden. Pero retrasar indefinidamente la actualización tecnológica también deteriora la calidad de atención. Sin criterios claros, el sistema queda atrapado entre el atraso y la inviabilidad financiera”.
“La discusión de fondo, sin embargo, va más allá. La Argentina necesita avanzar hacia una cobertura universal básica, explícita y común a todo el sistema, que ordene derechos y obligaciones con criterios de equidad. Ello exige revisar un Programa Médico Obligatorio cuya vigencia resulta cada vez más discutible y cuyo alcance es parcial, ya que no rige para todos los actores del sistema, generando desigualdades y vacíos de cobertura”, planteó Ibarguren.
La crisis de la salud visual y los problemas de los prestadores
“Estas tensiones se manifiestan con especial crudeza en la salud visual y, particularmente, en la oftalmología. Se trata de una especialidad intensiva en tecnología, insumos importados y capital humano altamente calificado. La pérdida de visión no es un problema menor: impacta en la autonomía, la productividad y la inclusión social. Subfinanciar la oftalmología es, en los hechos, hipotecar el capital humano de una sociedad que envejece y demanda cada vez más este tipo de prestaciones”.
“A todo ello se suma el efecto, muchas veces ignorado, de los precios máximos, explícitos o implícitos. No siempre los impone el Estado; con frecuencia surgen de la posición dominante de los financiadores. La evidencia es conocida: cuando los precios se fijan por debajo de los costos reales, los daños colaterales son inevitables. Desinversión, deterioro de la calidad, reducción de la oferta y expulsión de profesionales del sistema son solo algunas de sus consecuencias”.
Finalmente, el Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF): “La crisis de los prestadores no es un reclamo sectorial ni corporativo. Es una señal de alarma que interpela al conjunto del sistema de salud. Persistir en la inacción equivale a aceptar un deterioro progresivo de la capacidad sanitaria del país”.
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