No es solo Globant
Globant, inscripta en el Registro Nacional de Beneficiarios, es solo un caso entre numerosas empresas que se encuentran en la mira sindical por la misma maniobra.
Además de Globant denuncian a Hexacta, Biside, Atos, Arbusta, ARL, Health Management Solutions, IAFH Global, NTT Data (Everis), Epidata, Pragma, QServices, Axoft y Snoop. Según el relevamiento sindical, entre todas, registraron 3.080 despidos en 7 meses.
Vale recordar que este incumplimiento puede derivar en la revocación de la inscripción al régimen y en la devolución retroactiva de todos los beneficios obtenidos: el Bono de Crédito Fiscal, las reducciones del Impuesto a las Ganancias y las multas e intereses correspondientes. Motivo por el cual, de confirmarse, se trataría de una deuda fiscal multimillonaria con impacto directo en los balances de las multinacionales.
La AGC remarcó que la asignación de subsidios sin causa legal podría constituir incluso un delito de carácter federal, aunque hasta ahora no hubo advertencias ni sanciones desde el área controlada por Luis Caputo.
Luis Caputo mira para otro lado...
El gremio insiste en que las empresas beneficiarias rompen el "contrato social" que justifica el costo fiscal del programa, ya que los fondos que debían sostener el empleo terminan engrosando ganancias.
Además, el sindicato también denuncia salarios congelados, horas extras impagas, contratos precarios y ausencia de un convenio colectivo de trabajo, lo que impide ordenar escalafones, reconocer títulos, antigüedad e idiomas.
Las compañías mencionadas comparten pertenencia a la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), que difunde informes del OPSSI sobre salarios del sector. Según sus datos, el sueldo promedio en abril de 2025 fue de $2.460.611, cifra que para el gremio es engañosa porque surge de un cálculo promedio con los sueldos más altos, dejando afuera la realidad de la mayoría.
En contraste, el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), dependiente de la AGC, calcula la mediana salarial con fuentes oficiales como SIPA y ARCA, y ubica el ingreso real en $1.307.578, mucho más bajo que el difundido por la cámara empresaria.
Además, mencionan otras irregularidades como el no pago de horas extra, contratos precarios como el encubrimiento de relaciones laborales bajo monotributo, contrataciones offshore y desfasajes entre contrato, rol y salario.
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