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¿Por qué se habla de un aumento del 7,2%?
El aumento del 7,2% propuesto tiene como objetivo transformar el “incremento extraordinario” del 12,5% otorgado en abril —por única vez y vía decreto— en una suba total del 20,6%, que corresponde a la inflación de enero de este año. Ese mes no fue cubierto por los reajustes posteriores, ya que el actual esquema de movilidad, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), comenzó a regir recién en abril.
Si bien ese adicional no estaba previsto por ninguna normativa vigente, el Congreso considera necesario aplicarlo para corregir la pérdida del poder adquisitivo acumulada. Sin embargo, el proyecto no aborda la fuerte caída sufrida en años anteriores, cuando regía la fórmula impulsada por el kirchnerismo, declarada inconstitucional en varios fallos.
¿Cómo afecta la inflación acumulada a las jubilaciones?
Entre 2021 y marzo de 2024, las jubilaciones perdieron más del 50% de su poder de compra frente a la inflación, según el IPC del Indec. El sistema anterior, basado en una fórmula de movilidad que excluía al índice inflacionario y aplicaba topes de aumento, provocó una pérdida histórica en los ingresos previsionales.
Desde enero de este año, los haberes (sin contar el bono) aumentaron un 180,4%, pero la inflación en ese mismo período fue de 146,8%. No obstante, los jubilados que solo cobran el haber mínimo —con el bono congelado desde marzo— vieron una mejora nominal de apenas 128%, lo que los dejó muy por debajo del aumento general de precios.
¿Qué cambios propone el proyecto sobre el bono?
Uno de los puntos centrales del proyecto es la actualización mensual del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se ajustaría en adelante de la misma manera que los haberes, es decir, siguiendo la inflación. Hasta ahora, el bono depende de decretos del Poder Ejecutivo, lo que implica discrecionalidad y ausencia de una regla clara.
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El poder adquisitivo de las jubilaciones se contrajo un 23% en términos reales en entre enero y octubre, dice el informe de la OPC.
El bono actualizado se mantendría libre de descuentos, no se computaría para el aguinaldo y seguiría siendo excluyente de aquellos jubilados y pensionados con regímenes especiales o que perciben más de un beneficio. También lo cobrarían los titulares de prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
¿Cómo financiaría el Gobierno los aumentos en jubilaciones?
A diferencia del proyecto anterior, esta iniciativa incluye fuentes concretas de financiamiento, algo que fue reclamado insistentemente por el oficialismo. Entre las medidas se destacan:
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Derogación de exenciones del IVA para directores de empresas;
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Eliminación de beneficios en el impuesto a las ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca;
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Redireccionamiento de partidas presupuestarias asignadas por decreto a la Secretaría de Inteligencia del Estado (unos $32.616 millones);
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Asignación específica de los fondos derivados de la eliminación de sobrecargos en los intereses del préstamo del FMI;
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Nacionalización de recursos provenientes de entes cooperadores de los registros del automotor.
Pese a la existencia de estas fuentes, el Gobierno no se expresó sobre ellas de forma directa. El presidente Milei simplemente reiteró que “quien propone el gasto debe decir cómo lo va a financiar”, y advirtió que toda iniciativa que afecte el equilibrio fiscal será rechazada.
¿Qué plantea el proyecto sobre el vínculo con las provincias?
El texto también apunta a regular el envío de fondos a provincias que conservan sus propias cajas previsionales, un reclamo recurrente de las administraciones locales. Se propone formalizar los giros desde Nación para cubrir los déficits previsionales, aunque el Gobierno nacional se ha mostrado reticente a avanzar sin acuerdos bilaterales precisos sobre los montos.
Este aspecto del proyecto es especialmente sensible para el Ejecutivo, que se apoya en el superávit fiscal como uno de los pilares de su política económica. Cualquier cambio que implique mayor gasto público —aunque sea financiado— representa una amenaza para los objetivos del oficialismo.
¿Qué puede pasar con las jubilaciones si el Gobierno veta la ley?
En caso de que el proyecto sea aprobado por el Senado y el Ejecutivo lo vete, el Congreso deberá reunir los votos necesarios para insistir y dejarlo firme, algo que hasta ahora no ha logrado con otras leyes. Mientras tanto, los jubilados siguen esperando una recomposición real de sus ingresos que contemple no solo la inflación presente, sino también las pérdidas acumuladas de los últimos años.
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