Se insiste en que existe una situación de desigualdad.
"La legislación aplicada al área de Cancillería debería ser equitativa para todos. Es la diferencia entre beneficios y derechos", dijo un diplomático.
Acerca de las diferencias salariales hay situaciones que provocan perplejidad: la funcionaria que presta servicios en el Gabinete de la Canciller (María Cristina Dellepiane, con una remuneración de casi $ 7 millones al mes) y su marido es embajador argentina que pasó a Uruguay (Alan Beraud, embajador en ALADI), percibiendo un salario de US$ 16.000.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, ella fue cónsul general en Montevideo y él embajador en Japón. Ahora, dicen en Cancillería, se han reordenado los destinos, aunque lo destacable fue la acción para extraerlo ahora de Costa Rica hacia la Aladi / Mercosur.
Una familia que embolsa el equivalente a US$ 25.000 mes provoca comentarios, reclamos, ec. etc. etc.
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