El Gobierno, el problema
La inflación sigue siendo por lejos la mayor preocupación social. Lo demuestran 2 encuestas que se publicaron en los últimos días. Por un lado, la edición de diciembre de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión de la Universidad de San Andrés ubica la suba de precios al tope de las inquietudes con el 61% de las respuestas (fue la 1ra opción entre múltiples para el 21%). Por el otro, la encuesta de la consultora de Raúl Aragón también registra la inflación como problema mayoritario. Aunque con una particularidad: le empatan quienes creen que el principal problema no es la inflación sino “el Gobierno”. Si se ahonda en esta encuesta que se terminó de recolectar en los primeros días de enero, se descubre que el prestigio de la Administración Nacional está más dañado entre los sectores bajos de la pirámide socio-económica. Es decir, en el electorado del Frente de Todos. Mientras el 23% de los consultados de los sectores bajos cree que la inflación es el principal problema del país, el 26% cree que, en realidad, la gestión de Alberto Fernández es lo que los está perjudicando. Esta última apreciación incluso supera el nivel general, del 25,3%.
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Según la encuesta de Aragón, para las clases bajas el principal problema no es la inflación, sino el Gobierno.
La encuesta de la Universidad de San Andrés revela otro dato interesante. En la lista de los percibidos por los consultados como “principales problemas” hay que ir hasta el 7mo puesto para encontrar a la Justicia como uno de ellos. Sólo el 7% lo mencionó en primer término, y un 21% en total. Antes, los encuestados identifican a “los políticos” como obstáculo para el desarrollo del país (24%), lo que refleja una vez más el desacople que hay entre la clase dirigencial y la ciudadanía. Que el Gobierno se haya embarcado en tratar de llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema como principal punto de su agenda no hace más que confirmar aquella desvinculación de las urgencias de sus gobernados.
Especulando
El proyecto de jury que se tratará no será el que firmaron el Presidente y 11 gobernadores (se confirmó que el chubutense Mariano Arcioni adhiere a la causa), sino el que presentaron 15 diputados del oficialismo encabezados por Eduardo Valdés, pero que “se fundamenta” en el documento presidencial. El cambio parece hacerse con miras a una composición de las Cámaras más favorable a los promotores del juicio por presunto “mal desempeño” de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Es que si lo presenta el Presidente, explicaron en el oficialismo, el eventual dictamen de comisión, con la investigación correspondiente, sólo tendría vigencia para este período legislativo, mientras que uno firmado por diputados la extendería a 3. En otras palabras, si no están los 2 tercios de los votos en el recinto para sostener la acusación (que no lo están), podría intentarse en el futuro otra embestida con la misma investigación, especulando con una eventual mayoría agravada conseguida en próximas elecciones.
Las acusaciones contra los cortesanos son múltiples y van declaraciones públicas de Rosatti interpretadas como un intento de “condicionar” a los otros poderes del Estado, pasando por la cautelar que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con el reparto de la coparticipación y los contactos del colaborador del presidente de la Corte, Silvio Robles, con el ahora en uso de licencia ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; hasta el fallo que modificó el Consejo de la Magistratura y el que le reconoció el benefició del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Se explica en este último punto que Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de Derechos Humanos hayan sido citados como testigos. No es el caso de Human Right Watch, que se expresó en contra de esta y otras avanzadas del oficialismo contra el Poder Judicial en un informe que el propio Ejecutivo desacreditó.
Bloqueo
El FdT cuenta con la mayoría necesaria para avanzar en todas las instancias de la Comisión de Juicio Político. Esos diputados, 16 sobre 31, se reunieron esta semana. En un comunicado destacaron la “asistencia perfecta” de sus legisladores, lo que apuntaba a despejar suspicacias respecto a cuál será el accionar de los 3 que responden a Sergio Massa, quien sigue sin pronunciarse sobre el intento de juicio político. El ministro de Economía le concedió una entrevista a Diario Perfil donde quedó en claro que no quería responder sobre ningún tema que no estuviera relacionado con la gestión de su cartera. “Se hace el distraído”, le reprocharon desde Juntos por el Cambio, que le reclama definiciones sobre la cuestión. El principal bloque opositor dijo que acudirá a la Comisión para intentar contrarrestar el ataque oficialista a la Corte. Cuáles atribuciones tiene la Comisión también será parte del acalorado debate. Además, como estrategia, JxC negará el quórum para tratar cualquier otro proyecto del Gobierno en las sesiones extraordinarias que el Presidente convocó y que incluye en su temario otros proyectos judiciales, como la reforma de los tribunales federales, la designación del Procurador General, la reforma del Consejo de la Magistratura e, insólitamente, la ampliación de la Corte. Cabe recordar que la ausencia opositora impidió que el oficialismo realizara las últimas 2 sesiones convocadas en la Cámara Baja. El principal perjudicado del bloqueo cambiemita sería Massa, quien envió varios proyectos de índole económico, entre ellos, el nuevo blanqueo de activos.
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