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Universidades y la fascinación por la inconstitucionalidad

El borrador de la nueva Ley Ómnibus se contradice: excluye a las universidades de la posibilidad de ser disueltas pero también faculta a Milei para hacerlo.

Parece haber una fascinación en Javier Milei por la inconstitucionalidad, sino no se entiende que siempre roce límites constitucionales como en el caso del Mega DNU –que tiene varios fallos judiciales en contra- o en la Ley Ómnibus –fracasada en el Congreso- donde pretendía amplias facultades. Ahora el tema son las universidades.

Borrador contradictorio

Trascendió por impulso del Gobierno nacional un borrador de la nueva Ley Ómnibus, que Javier Milei pretende volver a discutir en el Congreso como condición al Pacto de Mayo. Se trata de una versión muy reducida de aquella –también reducida tras el debate en comisiones- que naufragara en Diputados después de que el oficialismo sufriera varias derrotas en las votaciones del articulado.

Del texto que trascendió y que el Gobierno envió especialmente a los gobernadores para negociar su apoyo en el Poder Legislativo, surgió una nueva polémica por el cierre de universidades públicas, una obsesión de Milei tras la creación de 5 instituciones hechas por ley en septiembre de 2023 que los libertarios creen que son solo favores políticos y manejo de ‘cajas’.

Volviendo al borrador, éste dice en un principio que “se faculta al Poder Ejecutivo a modificar o eliminar competencias o disolver órganos u organismos de la administración central o descentralizada, pero se excluyeron específicamente las universidades nacionales”.

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El artículo 3 de la nueva Ley Ómnibus y la mención a las universidades.

Pero luego, en el Artículo 3 se le otorga al Presidente las facultades para hacer justamente lo contrario cuando se establece que las universidades nacionales sólo quedarían excluidas de la “disolución total” pero podrían ser objeto de fusión; disolución parcial; modificación de competencias; eliminación de competencias; modificación de funciones; eliminación de funciones; modificación de responsabilidades; eliminación de responsabilidades; reorganización; centralización; transformación; escisión o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así las cosas, si bien se excluye la “disolución total”, en las facultades que se pretenden para el Presidente si se permiten fusiones o escisiones es claro que en los hechos hay una disolución o eliminación.

A eso habría que agregar distintas combinaciones de facultades como la disolución parcial cuyos alcances no son claros.

Paros y universidades frenadas

La obsesión del Gobierno con las universidades públicas se acrecentó cuando el año pasado el Congreso aprobó una ley para crear 5 universidades y la gestión Milei vio a Martín Lousteau detrás de alguna de ellas y el control de sus recursos, por eso la ministra Sandra Pettovello frenó su creación vía administrativa argumentando que se estudiará la oportunidad y factibilidad, lo que estaría en conflicto con la ley sancionada por el Legislativo.

Cabe recordar que el artículo 48 de la Ley de Educación Superior (Nº 24.521), establece que “las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que solo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales instituciones se hará también por ley. Tanto la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional”.

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Al frenar la creación de las 5 universidades (Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo) Pettovello argumentó que lo hacía "atendiendo a razones de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes vigentes, de evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas", dijo en una resolución de fines de febrero.

Y agrega que con esta decisión busca "determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa".

El ‘borrador’ sobre las universidades y el freno a las 5 creadas por ley ocurre en medio del conflicto con los docentes universitarios ya que el Gobierno no dispone un aumento de las partidas y siguen funcionando con el presupuesto de 2023. El ‘borrador’ sobre las universidades y el freno a las 5 creadas por ley ocurre en medio del conflicto con los docentes universitarios ya que el Gobierno no dispone un aumento de las partidas y siguen funcionando con el presupuesto de 2023.

No es solo el pago de salarios, también la falta de un presupuesto actualizado por inflación impacta en el pago de servicios y personal.

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