La inyección de capital se hizo vía 2 transferencias, de dos de los tres socios de la empresa (que son los hijos de Pablo Costa). Lucas y María Costa aportaron, cada uno, US$400.000.
Frente a esta situación, en la entidad bancaria se activó una alerta y se consultó a los implicados por la proveniencia de los fondos. Ellos contestaron que se trató de una donación del padre.
En consecuencia, Pablo Costa también fue consultado por el origen del dinero. Su explicación fue que se trató de una donación de su madre. (…)
El banco, que se trata de uno de primera línea, debió entonces consultar a la madre de Pablo Costa, de nombre María. Ella no explicó de dónde había salido el dinero, pero proveyó una declaración jurada del período enero-diciembre 2023, presentada a mediados de 2024, en la que aparecía el monto como parte de su patrimonio, en concepto de dinero en efectivo.
Ahí surgió un problema: los especialistas que debían analizar esta información contaban con una declaración jurada de 2021 (que repasaba los movimientos de 2020) en la que su patrimonio estaba en cero, no tenía propiedades y nada explicaba cómo había crecido.
Del contraste también se extrajo otra conclusión: no podía tratarse de fondos provenientes del blanqueo, ya que ese comenzó en 2024 y la DDJJ era de 2023".
Denuncia penal de la UIF
Ahora, tras esta nota periodística, la UIF fue a la Justicia por "presunta violación de secreto". Pide que se investigue quién filtró esa información, que es confidencial.
"Paul Starc recibió una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta existencia de una filtración de información confidencial que contendría un 'informe de inteligencia financiera' e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto de acuerdo con lo establecido en la ley 25246", dice el comunicado difundido por el organismo que depende del ministerio de Justicia.
"Dicho artículo periodístico puso en conocimiento público información de carácter secreto, que únicamente posee, dispone y maneja la UIF y el sujeto obligado; quien debe reportar la actividad sospechosa al Organismo", argumenta la UIF.
Y prosigue el comunicado: "Ante la presunción de la flagrante comisión del delito de violación de secretos, el día 13 de agosto del año en curso, Paul Starc dispuso que la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) confeccione de manera urgente un informe exhaustivo a efectos de establecer la nómina de miembros del Organismo que habían ingresado al sistema de inteligencia financiera con el fin de consultar respecto del ROS en cuestión.
Dicho informe concluyó que ninguna persona integrante de la UIF accedió al sistema (a consultar respecto del referido ROS), salvo el ingreso realizado por su expresa instrucción para corroborar la existencia del ROS y deslindar responsabilidades relativas a la sospecha de violación del secreto establecido por ley 25246 por parte de agentes del Organismo.
Con la totalidad de los elementos recabados, dada la certidumbre de que desde la UIF no había ocurrido conducta delictiva alguna, el presidente Paul Starc, el mismo 13 de agosto en horas de la tarde, formuló denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli, para que el órgano jurisdiccional investigue los gravísimos hechos ventilados y establezca la responsabilidad penal y a sus autores".
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