“El Estado Nacional consintió la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto y se sometió al trámite de dicho trámite judicial, en el cual ejerció su derecho de defensa, en prueba cabal de observancia del debido proceso. Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”, afirmaron los denunciantes de la Coalición Cívica.
Sedición
Por su parte, el legislador porteño Roberto García Moritán y el dirigente Yamil Santoro, ambos de Republicanos Unidos, referenciados en el diputado Ricardo López Murphy, denunciaron al Presidente por el delito de "sedición". Cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno anunció que presentará para lograr la revocación ‘in extremis’ del fallo dictado por el máximo tribunal del país.
“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.
Los dirigentes afirmaron, además, que es improcedente la recusación a todos los jueces de la Corte porque es inoportuna. Y agregaron: “Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal”. Según la presentación, el Presidente “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
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