Según el escrito presentado por la APyT y citado por AgenciaDelPlata “el presidente incumple el procedimiento de formación de leyes ignorando el mandato del Poder Legislativo de aplicar la norma sancionada, de manera antidemocrática y autoritaria, y ello mientras no aplica una ley que pretende atenuar la penosa situación de las y los trabajadores del hospital Garrahan, y mejorar las condiciones de atención en el hospital de los niños niñas y adolescentes pacientes” al tiempo que “decidió unilateralmente quitar las retenciones a los exportadores del agro privando al Estado nacional de dichos ingresos, e incluso propuso destinar millones de fondos estatales para la reimpresión de las boletas en la provincia de Buenos Aires para reemplazar al cuestionado y sospechado candidato José Luis Espert”.
“El nudo de la cuestión -plantea el documento- es que el sistema democrático se encuentra violentado por el Poder Ejecutivo Nacional, y ello con intención de perjudicar a los sectores más desventajados (…) Leyes sancionadas por el Congreso deben ser promulgadas y aplicadas por el PE, sin embargo el PE decidió no respetar lo decidido por el Congreso, por tanto ello debe ser investigado”, agregaron los denunciantes.
Lugones, Francos y Caputo, también denunciados
Además de la denuncia penal, se presentaba un amparo colectivo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para pedir la nulidad del decreto (que suspende la ley de Emergencia Pediátrica) y la inconstitucionalidad, anticipó Mariana Chiacchio, abogada de APyT.
“El Poder Ejecutivo comete un delito flagrante al negarse a cumplir con una ley votada por abrumadora mayoría y respaldada por toda la sociedad”, explicó Norma Lezana, secretaria general de la APyT y profesional del Garrahan acerca del contenido de la denuncia.
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Norma Lezana, secretaria general de la APyT y profesional del Garrahan.
Lezana recordó que el Gobierno justificó la falta de aplicación de la norma alegando “falta de fondos”, a pesar de que el decreto reglamentario ya fue firmado.
“Dicen que no pueden aplicarla sin desfinanciar otros programas, pero no consideran alternativas como gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados. Eso demuestra una decisión política, no una imposibilidad económica”, añadió.
La denuncia penal también incluye al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, todos firmantes de la promulgación que resultó inaplicable.
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