La respuesta del Gobierno
El oficialismo, por su parte, sostiene que detrás de la difusión de grabaciones —algunas de ellas desde la propia Casa Rosada— existe un mecanismo de espionaje ilegal con fines políticos. En su denuncia, el Ejecutivo habla de una “operación internacional” que mezclaría intereses de dirigentes, empresarios y hasta actores externos.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, “si los audios fueran reales, estaríamos ante un hecho inédito en la historia argentina: grabar a funcionarios dentro de la Casa Rosada. Esto no es periodismo, es una maniobra de desestabilización”.
El fallo judicial
Este lunes 01/09 la Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de nuevas grabaciones que afecten a Karina Milei o a otros integrantes del Gobierno. El argumento central: la información habría sido obtenida de forma ilegal y su divulgación podría vulnerar derechos básicos de intimidad.
La decisión abre un debate sensible. Para el Gobierno, se trata de resguardar las instituciones frente a prácticas de espionaje. Para parte de la oposición y para referentes del periodismo, en cambio, implica un límite riesgoso al derecho a informar sobre asuntos de interés público.
El trasfondo de la polémica va más allá de los fragmentos filtrados. Lo que está en juego es la relación entre el poder político y la prensa en un momento de máxima tensión. Rial y otros comunicadores denuncian un intento de disciplinamiento y censura. El oficialismo, en cambio, asegura que está enfrentando una operación destinada a erosionar la imagen presidencial en la recta final de un proceso electoral clave.
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