Avance judicial tras los audios ANDIS
La investigación judicial, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, incluye el relevamiento de cámaras de seguridad y registros de ingreso a los barrios La Isla y Golf de Nordelta. Picardi también imputó al jefe de seguridad del complejo, Ariel De Vicentis, por presunto encubrimiento, bajo la sospecha de que alertó a los involucrados antes de un operativo de la Policía de la Ciudad.
Desde el oficialismo remarcan que colaborarán con la Justicia, aunque insisten en que aún no hay pruebas que comprometan a Lule Menem.
“El Presidente apartará a cualquier funcionario que no esté apto para el cargo, pero hasta el momento no hay elementos que indiquen una conducta ilegal”, señalan.
La respuesta oficial
La Casa Rosada atribuye la filtración de los audios de Spagnuolo a una operación interna y niega contactos con el exfuncionario. Incluso rechaza la versión de que el abogado y apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, se haya reunido con él para ofrecerle asistencia. “Lo traicionó alguien de su entorno. No hubo intervención telefónica, eso no existe en el país”, afirman.
En paralelo, el Gobierno analiza una medida concreta: restringir la autonomía financiera de la ANDIS. La idea es que el organismo no pueda decidir en soledad sus compras y contrataciones, sino que cada operación deba pasar por el control del Ministerio de Salud.
Milei endurece el discurso
El presidente Javier Milei también se refirió al caso durante una actividad en Lomas de Zamora, que terminó suspendida por incidentes con militantes kirchneristas. “Vamos a llevar a Spagnuolo a la Justicia y vamos a demostrar que mintió”, aseguró el mandatario, en un mensaje que busca cerrar filas en torno a la defensa del oficialismo.
Por ahora, el escándalo continúa sumando capítulos y mantiene al Gobierno en estado de alerta, con un frente judicial abierto y un tablero político cada vez más tenso.
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