En números concretos, la administración del presidente Javier Milei llevó a cabo una reducción significativa en la plantilla estatal, desvinculando a un total de 37.595 empleados públicos.
A su vez, el informe detalla que la mayor parte de estas desvinculaciones correspondieron a contratos que no fueron renovados al finalizar su vigencia, lo que, según la cartera, no constituye despidos en sentido estricto.
Los detalles de los despidos
Según el informe del Gobierno, la distribución de la reducción de personal fue la siguiente:
- Administración Pública Nacional (APN): 22.302 empleados menos.
- Empresas estatales: 12.410 puestos eliminados.
- Fuerzas Armadas y de seguridad: 2.883 efectivos menos.
Estas cifras indican que la dotación de personal en la APN disminuyó de aproximadamente de 205.000 a 183.000 empleados durante el año, mientras que en las empresas estatales la reducción fue de 91.000 a 78.000 trabajadores.
Por otro lado, en términos de tipos de contratación, la reducción fue más pronunciada en los contratos bajo la Ley Marco, con una disminución del 18,3%, y en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS), que registraron una caída del 48,7%. Este último tipo de contrato, destinado a monotributistas vinculados al Estado, había sido regulado en 2017 para establecer un plazo máximo de 12 meses.
Cuánto se ahorró el Gobierno
Según las proyecciones oficiales, el ahorro fiscal derivado de estas medidas alcanzaría los USD 4.012 millones, calculado mediante la técnica de "Valor Actual", que estima el ahorro futuro descontando el valor de los salarios que ya no se abonarán.
Ante los despidos en el Estado, los trabajadores arrancaron con una serie de medidas de fuerza ante la amenaza de una una nueva ola de despidos en el marco del plan motosierra.
Rodolfo Aguiar, titular del gremio, enfatizó que el Estado "no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes".
“Si no lo frenamos a Milei ahora, después será demasiado tarde. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario en nuestro país”, enfatizó.
A su vez, la semana pasada ATE apuntó que la administración de Javier Milei "pretende compensar los 800 millones de dólares por la baja en las retenciones al campo con un achique del Estado en un 30%, principalmente eliminando y fusionando entes descentralizados".
“La pretensión del Gobierno de achicar un 30% el Estado, aunque se trate de los entes descentralizados, es imposible. Si esa medida se llevara adelante, los servicios básicos y esenciales no estarían garantizados”, y agregó: “Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos. Eso necesariamente tendrá una repercusión social absolutamente negativa", cerró.
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