En la Cámara de Diputados, la aprobación aún no está garantizada. Tal como informó Urgente24, el bloque de diputados del PJ cordobés parece ser uno de los obstáculos para el kirchnerismo a la hora de reformar el Ministerio Público Fiscal y la Justicia. Desde Córdoba aseguran que sin un consenso total, no van a apoyar el proyecto que arribe a la Cámara Baja. Considerando lo muy reñido de los números en Diputados, es posible que el texto iniciativa de Oscar Parrilli, cercano colaborador de Cristina Fernández de Kirchner, no obtenga el apoyo necesario para convertirse en ley.
La actual ley 27.148 establece que el Procurador General es elegido con los dos tercios de los votos del Senado y su mandato es vitalicio. El dictamen firmado establece una mayoría simple de votos y un mandato de cinco años. Ese mandato puede ser renovado por otro período por igual cantidad de tiempo y la elección no podrá hacerse en el mismo año de elecciones presidenciales. El oficialismo no cuenta con dos tercios para aprobar al Procurador, pero sí con los votos para alcanzar una mayoría simple que son 37.
Sin embargo, cabe destacar que Rafecas ya advirtió que no aceptará el cargo si se flexibilizan los requisitos para que el Senado le de acuerdo. " Que el cargo de procurador deje de ser vitalicio para pasar a ser temporario no debe modificar la exigencia de mayoría calificada en el Senado", dijo en diálogo con La Nación. "Mantengo mi postura: si se modifica esa exigencia, yo no estaré dispuesto a asumir el cargo", advirtió.
Además de modificar la mayoría necesaria para la designación del procurador y limitar su mandato -hoy vitalicio-, el texto introduce varias reformas importantes. Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
Otro aspecto relevante es que el procurador deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
