“El material colectado hasta ahora resulta insuficiente para descartar los cuestionamientos del fiscal sin realizar las pruebas necesarias”, sostuvieron los magistrados.
Entre las diligencias ordenadas se encuentran pedidos de información a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las medidas sanitarias adoptadas en distintos países, así como la solicitud al actual Gobierno para determinar si la administración anterior encargó encuestas o mediciones de opinión sobre la cuarentena.
También se citará a economistas y representantes de cámaras empresariales para que expongan sobre el impacto económico de las restricciones.
La posición de la Justicia y la defensa del expresidente
Antes del fallo de la Cámara, la jueza María Servini había dictado el sobreseimiento de Fernández al considerar que no existían pruebas que vincularan la extensión de las medidas con fines políticos. Según su resolución, solo se encontraron dos expedientes vinculados a estudios de “humor social” encargados por la Casa Rosada, pero sus fechas no coincidían con los momentos en que se extendieron las restricciones.
La defensa del expresidente argumentó que todas las decisiones adoptadas durante la pandemia fueron “consensuadas con los gobernadores y basadas en criterios técnicos de un comité de expertos en epidemiología y salud mental”, y que los decretos dictados “cumplieron con los procedimientos administrativos y legislativos correspondientes”.
Una causa paralela a la “fiesta de Olivos”
La investigación por la prolongación de la cuarentena es independiente del expediente conocido como la “fiesta de Olivos”, en el que Fernández fue condenado a pagar una multa de 1,6 millones de pesos por violar el aislamiento durante un cumpleaños en la residencia presidencial.
En esta nueva causa, el exmandatario enfrenta imputaciones por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El fiscal Stornelli busca determinar si las medidas sanitarias se sostuvieron más allá de lo necesario, generando un perjuicio social y económico. Según su hipótesis, el gobierno habría aprovechado la gestión de la pandemia para fortalecer su posicionamiento político en un contexto de crisis sanitaria global.
Próximos pasos
Con la decisión de la Cámara Federal, la investigación volverá al juzgado de Servini, quien deberá avanzar con las pruebas dispuestas. Recién después de esa etapa, la magistrada podrá resolver si existen elementos suficientes para imputar formalmente a Alberto Fernández o si corresponde cerrar definitivamente el caso.
La reapertura del expediente vuelve a poner bajo la lupa uno de los capítulos más controvertidos de la pandemia en la Argentina: el equilibrio entre la necesidad sanitaria y las decisiones políticas tomadas en nombre de la emergencia.
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