“Esto es un atropello institucional”, repiten en el bloque, que acusa a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber avalado un armado irregular sin mandato del pleno del Senado.
“La conformación de las comisiones viola el reglamento, la Constitución y degrada la representación de las provincias”, advirtió la senadora Anabel Fernández Sagasti. En la misma línea, Martín Soria anticipó que el peronismo no convalidará lo que calificó como una decisión “arbitraria y compulsiva” del oficialismo.
El conflicto se originó en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Villarruel, de la que participaron los jefes de bloque. Allí, 44 senadores de distintas fuerzas acordaron el esquema de integración de las comisiones, dejando afuera al interbloque opositor “Popular”, conformado por el kirchnerismo y sus aliados. Ese acuerdo permitió al oficialismo avanzar con el control de Trabajo, Presupuesto, Recursos Naturales, Justicia, Energía y Minería.
Bullrich lidera e impulsa la reforma laboral en el Senado
Mientras el peronismo prepara la vía judicial, el debate en comisión ya comenzó. Funcionarios del Ejecutivo defendieron la iniciativa oficial al asegurar que busca modernizar el mercado laboral y generar empleo sin impacto fiscal. “Argentina necesita reglas claras para que haya trabajo”, sostuvo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien remarcó que el proyecto apunta especialmente a pymes y jóvenes.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Jorge Capitanich y Mariano Recalde cuestionaron el diagnóstico del Gobierno y advirtieron que la reforma “recorta derechos” en un contexto de recesión.
“El empleo no se crea flexibilizando, se crea con actividad económica”, plantearon.
El plenario convocó además a representantes del sector empresario, cámaras industriales, sindicatos y especialistas. La CGT, en tanto, fue invitada a exponer luego de la movilización convocada contra la reforma laboral, en una señal de que el conflicto político y social recién empieza.
Con la judicialización en marcha y un Senado atravesado por la disputa reglamentaria, el futuro del proyecto laboral quedó atado no solo a los votos, sino también a la resolución de un conflicto institucional que promete escalar.
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