La reacción del Gobierno: espionaje ilegal
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien marcó la línea de respuesta: “Si los audios fueran reales, estaríamos ante un hecho inédito: la grabación de un funcionario dentro de la Casa Rosada. Esto configura una operación orquestada para desestabilizar al Gobierno a pocos días de las elecciones”, sostuvo a través de la red social X.
El portavoz agregó que la maniobra se enmarca en una “campaña de desinformación” diseñada para impactar en el escenario electoral, en particular en la recta final hacia la elección bonaerense del 7 de septiembre.
Además, este lunes 01/09 contó que el Gobierno realizó la denuncia en la Justicia:
"El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo.
No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin".
El origen de las filtraciones
La publicación estuvo a cargo del periodista Mauro Federico en Carnaval Stream, medio que ya había difundido las grabaciones vinculadas a la ANDIS. El sitio, según fuentes oficiales, cuenta con financiamiento de Pablo Toviggino, dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia.
En esta ocasión, la plataforma reveló dos fragmentos de un audio que, aseguran, se extiende por más de 50 minutos. Sin embargo, solo difundieron pasajes breves que bastaron para encender la polémica.
Denuncia y contexto político
La denuncia del Gobierno se terminó de definir durante la noche del viernes, apenas horas después de la publicación de los audios. Fuentes oficiales adelantaron que se apuntará a determinar si existió espionaje ilegal y quiénes estarían detrás de la operación.
En paralelo, la filtración reavivó el clima de tensión en un momento político delicado. El oficialismo denuncia un intento de desestabilización y busca instalar el debate sobre la vulnerabilidad de las instituciones frente a maniobras de inteligencia clandestina.
Mientras tanto, la oposición evita pronunciarse de manera contundente sobre el episodio, aunque algunos referentes señalaron la necesidad de esclarecer la veracidad de las grabaciones.
Con el calendario electoral como telón de fondo, el caso promete sumar un nuevo capítulo en la disputa por el control del relato político y mediático. El desenlace judicial —y la confirmación sobre si se trató o no de una operación de espionaje— será clave para medir el verdadero impacto de esta filtración en la arena pública.
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