Presentaron un proyecto para que las víctimas de usurpadores puedan recuperar su propiedad en tiempo récord y sin tantas trabas burocráticas.
La iniciativa apunta a resolver uno de los problemas más frecuentes en la Justicia argentina: los procesos de desalojos, que suelen extenderse entre 2 y 10 años, tiempo durante el cual los propietarios permanecen despojados de su vivienda o de su terreno.
El texto plantea la figura del “desalojo exprés”, que habilitaría a un juez a ordenar la restitución inmediata de un inmueble si el propietario acredita la titularidad de la propiedad. El procedimiento se aplicaría tanto a ocupaciones ilegítimas como a casos de incumplimiento grave de contratos de alquiler, como la falta de pago durante más de dos meses consecutivos.
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:
El proyecto también aclara que la ejecución deberá respetar la integridad física y los derechos básicos de los ocupantes, incluyendo la derivación a servicios sociales cuando corresponda.
Los fundamentos de la propuesta remarcan que la demora judicial en desalojos constituye una especie de “expropiación fáctica” por tolerancia del Estado. “Allí donde el Estado fracasa en garantizar la propiedad, lo que se erosiona no es solamente la economía, sino la libertad misma”, sostiene el texto.
Además, se subraya que el incentivo perverso de las usurpaciones —favorecido por la lentitud de la Justicia— desalienta la inversión y fomenta la ilegalidad.
La propuesta toma como referencia legislaciones similares ya aplicadas en otros países:
Según los autores del proyecto, la Argentina necesita adaptarse a estos estándares internacionales para recuperar seguridad jurídica y generar un clima propicio para la inversión en vivienda y desarrollo económico.
El documento reconoce el déficit habitacional del país, pero advierte que “la justicia social no puede edificarse sobre la injusticia particular de despojar”. Plantea que las políticas de vivienda deben resolverse con programas estatales y créditos, no con la ocupación ilegal de inmuebles.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Gerardo Milman, quien subrayó que la propiedad privada “no es solo un derecho individual, sino un pilar del Estado de Derecho y de la convivencia democrática”.
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