El proyecto introduce modificaciones procesales que agilizan los desalojos urbanos y rurales. Entre ellas, habilita restituciones inmediatas para ocupantes considerados "precarios" o "intrusos", incorpora allanamientos, el uso de la fuerza pública y la posibilidad de actuar en días y horarios inhábiles.
Para los críticos de la iniciativa, estos cambios incrementan el riesgo de desplazamiento de comunidades indígenas y familias campesinas que habitan tierras con situaciones dominiales no regularizadas. Comunidades que de por sí tienen una tenencia precaria de la tierra podrían ver sus derechos completamente vulnerados.
Nuevos criterios para las expropiaciones y su costo fiscal
Otro capítulo relevante apunta al régimen de expropiaciones. La propuesta redefine el concepto de utilidad pública y establece que las indemnizaciones deberán calcularse sobre el valor de mercado, incorporando expresamente el lucro cesante dentro del monto indemnizable, con un tope general del 30%, salvo prueba de un perjuicio mayor.
Desde el punto de vista fiscal, esta modificación podría elevar el costo de futuras obras públicas como rutas, represas o proyectos de infraestructura, al tiempo que limitaría el margen de acción del Estado para desarrollar iniciativas consideradas estratégicas.
En materia ambiental, la iniciativa modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 60 años en áreas afectadas por incendios forestales y la restricción de 30 años para desarrollar emprendimientos inmobiliarios o agropecuarios en determinadas zonas incendiadas. El documento advierte que esta flexibilización podría incentivar la valorización de tierras luego de incendios.
Asimismo, el proyecto incorpora el régimen de silencio administrativo para determinadas autorizaciones. En la práctica, si la administración no responde dentro de los plazos legales a un pedido relacionado con recursos estratégicos, como la adquisición de nacientes de agua, la autorización quedaría aprobada automáticamente.
Protección de recursos hídricos bajo la nueva ley
Según el análisis contenido en la iniciativa, las modificaciones también tendrían efectos sobre recursos naturales sensibles: el 78% de los lagos, el 65% de los ríos y el 41% de las nacientes de agua quedarían sin la protección específica actualmente prevista frente a determinados procesos de adquisición de tierras ribereñas.
LatFem platena que "observamos la estrecha relación que tiene esta propuesta con el RIGI, aprobado en junio de 2024, con la intención del Gobierno de convertir a la Patagonia en un polo mundial de Inteligencia Artificial (IA). En noviembre del 2025, la empresa argentina Sur Energy y la estadounidense OpenAI firmaron una carta de intención que contempla la posibilidad de instalar un centro de datos de próxima generación. Dato: enfriar los servidores de IA requiere millones de litros de agua, cada consulta consume entre dos y cinco litros. El gobierno nacional promueve de manera escandalosa y a cielo abierto la colonización de nuestra agua".
El tratamiento parlamentario del proyecto promete instalar un debate que excede la discusión jurídica sobre la propiedad privada. En términos económicos, la iniciativa enfrenta dos visiones contrapuestas: una que prioriza la seguridad jurídica y la atracción de inversiones por sobre el interés público, y otra que advierte sobre los riesgos de una mayor concentración de la tierra, el debilitamiento de los controles sobre recursos estratégicos y el impacto que esos cambios podrían tener sobre la producción, el ambiente y la distribución de la riqueza.
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