En tanto, precisó que "Los recursos judiciales interpuestos en sede penal, las revisiones, las distintas instancias de la causa que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, determinaron la intervención de no menos de una quincena de jueces penales o magistrados de Corte que de manera unánime han avalado el decomiso", además de "toda la arquitectura jurídica en que se sustenta: el Código Procesal Penal y la ley de creación de la Aprad y de creación del Sistema de Registro y Decomiso de bienes vinculados al delito".
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El hijo de Esteban Alvarado pidió que le devuelvan una casa decomisada y el Gobierno de Santa Fe se lo niega.
Por tal motivo, el titular de Justicia y Seguridad santafesino indicó que recibieron la directiva de "ir hasta las últimas consecuencias", porque el Gobierno de Santa Fe "no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente", lo que viene en línea con otras acciones como "la puesta en funciones del Comité de bloqueo económico al crimen organizado que ya comenzó con sus actividades", explicó.
Como cierre, Cococcioni manifestó: "No deja de sorprendernos la osadía de querer reclamar utilizando los instrumentos jurídicos diseñados para que las personas puedan acceder a la defensa en juicio de sus derechos para obstaculizar las medidas del Estado que tienen como fin último el cese de la actividad delictiva y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que tienen sus bienes manchados de sangre".
Avanzar sobre el patrimonio de los criminales
A su turno, Escauriza entró en detalle que al inicio de la gestión encabezada por Pullaro se enteraron "que había una sentencia de decomiso de seis inmuebles del Clan Alvarado para tomar posesión desde 2022, oficio de puesta a disposición a la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) que no se había ejecutado por lo cual en febrero de 2024 presentamos un escrito al juez de Ejecución en la que pedimos intervención para tomar posesión de los seis inmuebles de manera inmediata, acción que llevamos a cabo el 7 de mayo de ese año, generando el desalojo de las personas que había en cada uno de ellos".
Seguidamente, el funcionario mencionó que algunos de los inmuebles ya fueron subastados, otros están en custodia del Gobierno Provincial y algunos están asignados a instituciones de bien común.
"Vamos a seguir la vía judicial ante esta causa porque cada vez que avanzamos con el patrimonio de las diferentes organizaciones criminales se nota la resistencia. Y es cuando les tocamos sus bienes, obtenidos en base a delitos. Eso nos demuestra que el camino que venimos llevando adelante es el correcto". "Vamos a seguir la vía judicial ante esta causa porque cada vez que avanzamos con el patrimonio de las diferentes organizaciones criminales se nota la resistencia. Y es cuando les tocamos sus bienes, obtenidos en base a delitos. Eso nos demuestra que el camino que venimos llevando adelante es el correcto".
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Provincia respondió judicialmente.
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