Sobre esa línea, remarcó que "El microtráfico o el narcomenudeo pasan a ser un elemento más aglutinador de la violencia en barrios de trabajadores que se ven contaminados y arruinados en su dinámica diaria con la presencia de esta gente que, usurpando viviendas o construyendo viviendas muy precarias, se dedican a la venta de estupefacientes generando problemas de toda índole básicamente de violencia".
Narcotráfico, violencia y detenciones
Por otra parte, la fiscal, Natalia Benvenuto, hizo lo propio. "En ambos lugares había personas, hubo hallazgos de estupefacientes y la investigación se transversalizó con una investigación por un hecho de violencia", especificó.
En ese marco, hubo tres personas imputadas y detenidas, dos de ellas aún conservan la prisión preventiva. "La tercera, una mujer que por las particularidades y las circunstancias en que se generó el procedimiento, fue imputada de un delito menor y se le dio una medida cautelar no privativa de libertad", explicó.
Como cierre, la fiscal, Luisina Paponi, agregó detalles de la causa: "El equipo de microtráfico de la Fiscalía General, en colaboración con la Policía de Investigaciones de San Lorenzo, pudieron determinar distintos puntos de zona norte de San Lorenzo donde se destinaría a la venta de estupefacientes".
"El 28 de marzo hemos realizado allanamientos en cuatro domicilios distintos. En dos de los domicilios allanados hemos secuestrado material estupefaciente y también hemos podido determinar que en esos domicilios se utilizaban como punto de venta del material estupefaciente, por eso que al determinar que eran puntos de venta desde la Fiscalía hemos solicitado la medida del derribo de los inmuebles", finalizó en referencia al trabajo previo que conllevó al derrumbe de los inmuebles.
Ley de Microtráfico: El objetivo de Pullaro
Este tipo de operativos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Pablo Cococcioni, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, y la Policía provincial, con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación de puntos de venta de estupefacientes es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de microtráfico o narcomenudeo, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
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