En ese sentido, contó que, al haber un nuevo ingreso del Instituto de Seguridad Pública, una de las inversiones será fortalecer los equipos de PDI, particularmente de microtráfico.
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En el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador, Maximiliano Pullaro, en el inicio de su gestión, el Gobierno de Santa Fe y el MPA procedieron a la primera inactivación de un punto de venta de estupefacientes en Pérez.
Búnker de droga
A su turno, uno de los fiscales del MPA, Matías Merlo, especificó cómo fue que se llevó a cabo la investigación.
En primer lugar hubo información de parte de la Municipalidad de Pérez que conllevó a poner primera a la inactivación del búnker de drogas. "En este lugar había, no sólo venta de materiales estupefacientes, sino diferentes hechos ilícitos, como heridos de armas de fuego y robos que rompían la tranquilidad dentro del barrio", señaló. Por tal motivo se decidió avanzar con el derrumbe.
Posteriormente, el fiscal, Diego Giró, adhirió a los dichos de su par y sumó que el búnker era un lugar que estaba abandonado y que a finales de diciembre había sufrido un incendio, lo que se vincula a la venta de estupefacientes.
Ley de Microtráfico
Estos operativos que se llevan adelante en el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, ascienden a más de 40 en toda la provincia, y se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el MPA, la Justicia y Policía provincial, con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura santafesina y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de "microtráfico" o "narcomenudeo", que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
Asimismo, apunta a dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
En el primer año de implementación de la ley, el organismo compartió información. Según datos oficiales, el MPA logró investigar a 5.700 personas involucradas en la comercialización de estupefacientes, de las cuales 833 fueron imputadas y 100 condenadas. Además, se concretaron 900 audiencias relacionadas con estos delitos en todo el territorio provincial.
A través de su mensaje institucional, el MPA subrayó que el objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas o personas con problemas de consumo, sino desarticular las estructuras criminales vinculadas al microtráfico que generan violencia e inseguridad en las comunidades.
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El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, recordó que hasta la actualidad "se han desactivado unos 40 bunkers de venta de drogas en toda la provincia". La mayoría se dieron en el departamento Rosario.
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