El segundo gira en torno a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín intervenida por orden judicial. Bailaque autorizó la transferencia de fondos a una mutual relacionada a un amigo personal, el financista, Fernando Whpei. Permitió mover esos fondos que el par suyo de Zárate, Adrián González Charavay, había bloqueado ante la sospecha de que pudieran tener conexión con lavado de dinero narco.
En tanto, la medida generó cuestionamientos sobre su imparcialidad, especialmente luego de que se confirmara el vínculo entre ambos, evidenciada incluso en viajes compartidos. "Ambos viajaron juntos en abril de este año a Chile", señaló el fiscal.
El último se enlaza con una denuncia anónima contra empresarios por lavado y evasión. Según los fiscales, Bailaque actuó con una celeridad inusual en esta causa, ordenando allanamientos sin la intervención del Ministerio Público Fiscal y dictando faltas de mérito poco tiempo después. La investigación apunta a posibles nexos entre el juez y otros funcionarios comprometidos.
La complicidad del narcotráfico
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes. El juez de Garantías, Rodríguez Da Cruz, fue recusado por el penalista Paul Krupnik, defensor de Claudio Vaudagna, un funcionario de Arca, por lo que deberá decidir sobre estos pedidos y también responder a una recusación planteada en su contra por su vínculo con una causa previa relacionada con Alvarado. Mientras tanto, la defensa de Bailaque adelantó que buscará impugnar las pruebas presentadas, alegando que las mismas carecen de fundamentos sólidos.
Este caso representa un hecho inédito en la Justicia federal de Rosario, al colocar a un juez bajo investigación por posibles uniones con redes criminales. No solo pone en jaque el futuro judicial de Bailaque, sino que también genera un debate sobre el rol del Poder Judicial en la ciudad que es profundamente afectada por el narcotráfico y la corrupción estructural.
En base a eso, las próximas semanas serán fundamentales para determinar el impacto de estas imputaciones y sus implicancias en el sistema judicial federal.
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