El año pasado, la Procuración del Tesoro había contactado al entonces gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y para explicarle las posibles implicancias de que un juez federal de USA solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción.
Entonces, el Departamento de Justicia de la administración demócrata presentó en noviembre último un escrito en el que le pidió a la jueza Preska que rechace la solicitud de los demandantes, Burford y Eton Capital, invocando que la decisión violaría leyes locales, al mismo tiempo que abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad y la Argentina en el futuro haga lo mismo con alguna empresa o un activo soberano norteamericano.
La jueza Preska le había solicitado mientras tanto al Estado argentino que deposite una garantía de pago. Como opciones, había pedido que se deposite un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá.
Previsiblemente, no se cumplió con ninguno de esos requerimientos, lo que permitió que se ejecutaran embargos.
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