En el escrito, los firmantes denunciaron que la suba que se aprobó tras la audiencia pública para subas del subte fue "un aumento tarifario con serias irregularidades en sus cálculos", ya que "existen incumplimientos a la normativa que regula al subte y a la determinación de su tarifa, así como falta de información transparente en su cálculo, permitiendo arbitrariedades para calcular y aumentar la tarifa".
Además, los referentes de la izquierda que firmaron la presentación judicial hicieron énfasis en la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos y la comparación de la nueva tarifa con la de otras ciudades.
"El boleto de Subte final de $757 pasaría a valer una tarifa final de 82 centavos de dólar (con una divisa oficial estable de $921.04), sería internamente una tarifa comparativamente más alta a la de los años 90 pre privatización del servicio pero con un salario en dólares bastante más deprimido, y comparando con el exterior el subte de Buenos Aires, con apenas 6 líneas y 90 estaciones, pasaría a estar considerablemente más caro en dólares que redes como la de Moscú con 14 líneas y 258 paradas a 60 centavos de dólar o la de Ciudad de México con 12 líneas y 195 estaciones a 30 centavos de dólar", subrayaron.
Ayer, en diálogo con El Destape, Alejandrina Barry declaró: "Es un aumento que es histórico, que no tiene antecedentes y que va en contra de la ley, que dice que las tarifas tienen que ser justas y razonables. En los últimos 10 años, el subte aumentó por encima de boleto de colectivo y aumentó tres veces más que el salario mínimo en términos porcentuales".
Y había enfatizado que "la Justicia tiene que fallar a favor porque es un aumento sumamente ilegal y que atenta contra el derecho de ir a trabajar".
Es por eso que los firmantes del amparo pidieron la anulación de la resolución "5/SBASE/24" del Boletín Oficial porteño, que estableció los aumentos del subte y el nuevo cuadro tarifario, y "en forma cautelar su suspensión, hasta tanto se resuelva sobre su nulidad".
"La trascendencia y el perjuicio social con el que impacta la resolución en crisis en miles de usuarios del subte, es significativa", señalaron.
"De cara al usuario el incremento actual de la tarifa es del 505,6%, de $125 a $757 al finalizar el esquema, muy por encima de la inflación de 211,4% en los 12 meses de 2023. Al realizar la comparación versus los incrementos salariales del 152,7% en los 12 meses de 2023, surge que los salarios perdieron cerca de 60 puntos porcentuales frente a la inflación de igual periodo y los ingresos crecieron un 353% menos que la tarifa del servicio de subte propuesta. Los grandes perjudicados en la ecuación son por lo tanto los usuarios, que deberán afrontar con ingresos devaluados un incremento desproporcionado e injustificado de tarifa en favor de cubrir costos cuya pertinencia no se encuentra acreditada y sostener las ganancias del concesionario del servicio", explicaron.
En la crítica a la nueva tarifa, quienes pidieron la cautelar cuestionaron que en el cuadro acordado por el Gobierno de la Ciudad (GCBA) y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) "solo contempla el aumento costos y el aumento de la tarifa, excluyendo de dicho análisis a los pasajeros". Si se contemplara al aumento de pasajeros como variante positiva, al menos buscando recuperar los pasajeros previos a la pandemia de Covid-19, "permitiría compensar el aumento en los costos del servicio", aseguraron.
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