En Comodoro Py 2002, se unificaron las dos causas, la del Instituto Patria y la del resto de las tareas de espionaje.
Con respecto a la jurisdicción de las causas, la Corte -en resolución también firmada por conjueces, ya que los jueces del máximo tribunal se excusaron- ratificó que sigan en Comodoro Py, al rechazar el pedido de Cristina Kirchner para que vuelvan a Lomas de Zamora.
Como la Corte Suprema es la última instancia, la causa ya queda radicada definitivamente en los tribunales federales y está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
En el caso de la confirmación de los procesamientos de los ex directores de la AFI, la resolución de la Corte responde a recursos extraordinarios que el máximo tribunal rechazó porque "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".
Cabe destacar que los fallos llevan la firma de conjueces: Juan Carlos Bozón (Cámara Nacional en lo Penal Económico), Guillermo Antelo (Cámara Civil y Comercial Federal), Javier Leal de Ibarra (Cámara Federal de Comodoro Rivadavia), Ramón González (Cámara Federal de Corrientes) y Mario Leal (Cámara Federal de Tucumán). Todos presidentes de Cámaras Federales que fueron elegidos por sorteo luego de que los cuatro jueces de la Corte Suprema -Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda- se excusaron de intervenir. El primero por ser víctima del espionaje que se investiga y sus colegas por razones de delicadeza y decoro.
La causa de espionaje se inició por una denuncia de la extitular de la AFI, Cristina Caamaño.
Para los investigadores, los acusados violaron la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero además cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.
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