La decisión del juez Llorens se basa en que las tareas de espionaje se realizaron en la ciudad de Buenos Aires.
Aún es temprano para ver si el caso queda definitivamente en Capital o si sigue en la justicia federal de Lomas de Zamora porque el resto de los acusados y las víctimas pueden oponerse a esta decisión.
Además, el juez Auge ya rechazó un traslado de una causa similar, la del supuesto espionaje al Instituto Patria, lo que ahora tramita la Cámara Federal de La Plata.
Al existir un conflicto de competencia, la última palabra quedará en manos de la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py.
Esta causa investiga si se realizaron tareas de espionaje ilegal sobre la hoy Vicepresidente, pero también sobre figuras del entonces oficialismo, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
En esta causa están imputados, además de Nieto, los exjefe de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y la exencargada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, entre otros.
De acuerdo a la imputación de los fiscales, "se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes".
En ese lugar de la cadena de responsabilidades, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide ubicaron a "Susana Martinengo, quien no solo se reunía con (los entonces espías) Leandro Araque y el (Jorge) ´Turco´ Sáez en la Casa de Gobierno; sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas y a su vez transmitida a un superior, en este caso, al secretario del Presidente de la Nación, Darío Nieto".
