La denuncia de Rosatti dio origen al expediente 987/2023, caratulado, en forma preliminar por la mesa de entradas de la Cámara Federal porteña, como “falsificación de documento destinado a acreditar identidad”.
Llamó la atención en los tribunales el hecho de que las líneas de teléfono que motivaron la denuncia del juez tuvieran prefijo de Misiones, la misma provincia desde la que se habría jaqueado el celular del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, de acuerdo con las pruebas acumuladas por ahora en esa causa.
Un hacker de la ciudad de Eldorado confesó que le pagaron entre 12 y 15 mil pesos para entrar al teléfono de ese funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, a través de la maniobra de “swim swap”, que implica hacerse pasar ante la empresa telefónica por el dueño de la línea, inventar una excusa para poder habilitar un nuevo chip y acceder al contenido de sus conversaciones.
Parte de los diálogos extraído de esa forma fueron usados para motorizar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia en pleno, a través de supuestas conversaciones con un colaborador de Rosatti. El contenido de esos chats fueron dados a conocer a través de paginas fantasma.
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