El DNU expresa que quedan fuera de este régimen "la administración y la conservación de los bienes provenientes de actividad ilícita, cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y en los procesos de extinción de dominio previstos en el Decreto N° 62 del 21 de enero de 2019″, que seguirán bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Beneficios del nuevo régimen
El decreto subraya que "el crimen organizado constituye un fenómeno global que afecta la gobernanza, la seguridad pública y la estabilidad del Estado de Derecho". Además, destaca que "los bienes recuperados son aquellos sobre los cuales se ha declarado de modo definitivo la privación del derecho de propiedad, de la posesión, de la tenencia, o de cualquier otro derecho real o personal en favor del Estado Nacional, por decisión del órgano judicial competente".
En relación con los beneficios del nuevo régimen, se señala que "el desarrollo de una gestión eficiente y transparente de reintegro a la sociedad de recursos mal habidos conlleva numerosos beneficios, en tanto afecta directamente las estructuras financieras del crimen organizado y otorga recursos para alcanzar el objetivo prioritario de reparar a las víctimas".
El decreto también prevé la elaboración de "un inventario público y actualizado, con trazabilidad de los bienes y sus producidos, en miras a garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso, desde la recepción del bien hasta la distribución final de los recursos generados por su disposición por el órgano competente, con el objeto de facilitar el control ciudadano e incrementar la confianza en las instituciones estatales".
El plan de CFK para evitar el decomiso de sus propiedades
Cristina Kirchner presa: Cuánto tiene que pagar tras la sentencia
La defensa de Cristina Kirchner fue la única que pidió la suspensión del decomiso, y lo hizo ayer, un día antes del vencimiento del plazo.
Antes de que venciera el plazo fijado por el tribunal oral (este miércoles a las 9.30) para que Cristina Kirchner (que dejó en claro que no abonará ninguna suma) y el resto de los condenados depositen los US$530 millones establecidos como decomiso de bienes, la exmandataria sostuvo que su patrimonio y el de su familia son legítimos, respaldándose en fallos que la sobreseyeron en causas de enriquecimiento ilícito.
Afirmó que no posee bienes que hayan sido utilizados para cometer el delito juzgado ni que provengan de él, por lo que no podrían ser objeto de decomiso.
A través de escritos presentados por su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria también cuestionó la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para ejecutar el decomiso, sosteniendo que la discusión debería tramitar en el fuero civil y comercial. Además, objetó la cifra de US$537 millones fijada por el juez Jorge Gorini, afirmando que no tiene patrimonio vinculado al delito para afrontarla.
Beraldi denunció que el monto se definió "sin debate previo" y con una metodología que considera inadecuada. Según explicó, el tribunal utilizó el índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar los valores, descartando otras herramientas como las tasas bancarias, que —asegura— hubieran arrojado cifras hasta cien veces menores. Citó como antecedente los casos Hotesur y Los Sauces, donde se aplicó la tasa activa del Banco Nación.
La defensa solicitó a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña que anulen la resolución y ordenen dictar un nuevo fallo. También pidió suspender cualquier ejecución patrimonial, como embargos o depósitos, hasta que la sentencia esté firme y el monto sea revisado.
El Tribunal Oral debe resolver la presentación de la ex presidenta, quien fue la única que pidió que se suspenda el decomiso de su patrimonio y lo hizo un día antes del vencimiento del plazo El Tribunal Oral debe resolver la presentación de la ex presidenta, quien fue la única que pidió que se suspenda el decomiso de su patrimonio y lo hizo un día antes del vencimiento del plazo
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