- Funcionarios públicos de ningún nivel.
- Personas jurídicas (empresas, ONGs, etc.).
- Profesionales que tengan obligación legal de denunciar, como jueces o contadores públicos.
La identidad del colaborador será reservada, salvo que éste decida lo contrario o sea convocado como testigo. El Estado deberá garantizar su protección física, laboral y social si su integridad se viera amenazada.
El proyecto también contempla fuertes sanciones para quienes aporten datos falsos con intención de perjudicar a terceros o desviar investigaciones: se les aplicará la misma pena del delito que intentaron simular, incluso si el hecho nunca ocurrió. También se penaliza el intento de falseamiento, con una pena menor.
Un modelo con antecedentes internacionales
Según los fundamentos del proyecto, la propuesta se inspira en modelos ya aplicados en otros países:
- En EE.UU., la ley False Claims Act otorga entre un 15% y un 30% de recompensa.
- En Brasil, las delaciones premiadas fueron clave en casos como el Lava Jato.
- En Europa, se están consolidando marcos legales para proteger a los whistleblowers (denunciantes).
En Argentina, la figura propuesta busca ser más acotada y regulada: no permite denuncias anónimas ni genera agentes encubiertos, y su aplicación se limita a causas penales ya iniciadas.
“Recuperar lo robado es una afirmación moral”
En los fundamentos del texto, Gerardo Milman sostiene que el proyecto busca empoderar al ciudadano, "no como un espectador indignado en redes sociales, sino como un actor concreto del control democrático", y que cada peso robado representa un aula, una ambulancia o una obra inconclusa.
“Esta ley no sustituye al Estado, lo complementa”, afirma el diputado. Y concluye: “la corrupción es el monstruo del interregno, cuando lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Para enfrentarlo, necesitamos herramientas nuevas. Esta es una de ellas”.
El proyecto completo a continuación:
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