Según el proyecto de Bullrich, las erogaciones extra que demande el nuevo marco penal juvenil serán contempladas año tras año en el Presupuesto. Algo que no resulta garantía para las provincias y menos aún para Córdoba, que tuvo que salir a “tapar” varios vacíos presupuestarios que la Casa Rosada dejó a partir de su política de “motosierra”.
En simultáneo, otros espacios políticos señalaron que no se puede avanzar en la implementación de la nueva ley hasta tanto no haya infraestructura para separar a los futuros presos menores de edad de los mayores. El proyecto prevé entrar en vigencia 180 días después de su sanción.
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Los menores son protagonistas del delito.
Qué dice el proyecto de Patricia Bullrich
Se trata de una ley que busca reducir la edad de imputabilidad, llevándola de los 16 actuales a los 14 años. De esa manera, el Gobierno nacional entiende que se reducirá la propensión de los menores a cometer delitos graves, de los cuales actualmente son los principales protagonistas.
La propuesta contempla que los menores condenados no ingresen directamente al circuito carcelario común sino a instituciones diseñadas para albergarlos. Además, deberán ser supervisados por personal especializado para trabajar en una recuperación.
Otro detalle que contempla el proyecto es que las condenas menores a 10 años puedan ser cumplidas bajo un régimen flexible. También propone reducir las penas máximas de 20 a 15 años de prisión.
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