Ahora, y al reclamo del gobernador, se sumaría la presión en el Congreso para poder avanzar en la materia. En un próximo proyecto presentado para declarar la emergencia penitenciaria en la Legislatura local, el Gobierno provincial instará a los congresistas cordobeses a elevar el reclamo y avanzar en consecuencia para instalar el tema en la agenda.
Por otra parte, el Gobierno cordobés inició acciones judiciales para el cobro de una presunta deuda del Estado Nacional con las arcas provinciales por el mantenimiento de los mencionados reclusos nacionales. Se trata de una deuda menor, de 247 millones de pesos, que fue intimada de pago al Gobierno nacional por parte del Juzgado Federal 1 de Córdoba, subrogado por Alejandro Sánchez Freytes.
Según el Servicio Penitenciario de Córdoba, el gasto provincial para el mantenimiento de los presos al día de hoy asciende por encima de los 24.000 pesos diarios. Mientras tanto, los giros de Nación se mantienen en torno a los 2.000 pesos estipulados en enero de 2024.
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Córdoba busca ampliar su capacidad carcelaria.
Las cárceles de Córdoba, desbordadas
El dominio de la seguridad resulta una prioridad alta para la administración de Martín Llaryora. Se trata de la materia “aplazada” por el electorado cordobés dentro de los más de 25 años de peronismo ininterrumpidos, donde casi siempre se llevó las luces la obra pública.
Dentro de ese aplazo quedó el manejo penitenciario. En ese sentido, el Gobierno de Llaryora no solo se encontró con un sistema colapsado, sino también “podrido” debido a numerosas tramas de corrupción que eran cobijadas por el Servicio Penitenciario Federal, que hasta hace poco permitía lujos a los presos a cambio de dinero, además de “tapar” tramas delictivas que se digitaban desde las celdas.
Bajo ese contexto, el Gobierno provincial dispuso la transformación del SPC. De esa manera, el servicio vio salir eyectadas a sus principales autoridades con años en sus cargos.
Tras esa maniobra de “limpieza”, el Centro Cívico estaría listo para encarar la próxima etapa. Se trata de la descompresión de las unidades carcelarias, que actualmente están superadas de su capacidad real y son potencialmente peligrosas.
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