Ellos habían entendido que no hay elementos objetivos que permitan sostener que puedan entorpecer la investigación o eludir a la Justicia.
Se trata de Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, quienes habían sido arrestados tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita que admitió el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Tal como había explicado la periodista Lucía Salinas en Clarín, en un segundo tramo de la investigación, se avanzó en la acusación de Nicolás Carrizo y Agustina Díaz, quienes fueron procesados como partícipes secundarios del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y la premeditación, en grado de tentativa.
Al momento de analizar el grado de responsabilidad de Carrizo y Díaz los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron confirmar los delitos atribuidos al denominado "jefe de los copitos".
Sin embargo, consideraron que aún no había elementos suficientes en el expediente para responsabilizar a Agustina Díaz.
El viceministro de Justicia K, Juan Martín Mena, había afirmado que el fallo de la Cámara constituye "una señal netamente encubridora". Y consideró que hay un sector de la Justicia que parece dispuesto a no respetar "ni siquiera como víctima" los derechos y garantías de la vicepresidenta funcionaria. "Vemos una señal netamente encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible", advirtió el viceministro en declaraciones a radio El Destape.
Al igual que Soria, Mena relacionó el fallo de la Sala I sobre Revolución Federal con la resolución que le ordena a la jueza Capuchetti elevar la investigación sobre las personas que están detenidas y profundizar la investigación con otras hipótesis, algo que para el funcionario es "verdaderamente preocupante y gravísimo y no registra ningún tipo de antecedente".
Carrizo, junto con Uliarte y el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, son así los únicos detenidos y para ellos la Cámara pidió que el expediente pase rápidamente a la etapa de juicio.
"Con la premura que el caso impone, eleve estas actuaciones respecto de los imputados cuyas situaciones procesales se encuentran resueltas a la instancia de debate oral y público, etapa que resulta la adecuada para el análisis y confronte global de los elementos probatorios aquí colectados", dispuso el fallo.
Los jueces aclararon que la pesquisa no se agotará en ellos tres y ordenaron "continuar con las diligencias pertinentes en los demás legajos de investigación formados al efecto, y profundizar, agotando cualquier hipótesis que pueda vincularse con este hecho de gravedad institucional, determinar la pauta de contexto que motivara el fin perseguido por los autores y eventuales o posibles cómplices del hecho criminal".
Por ello, la jueza Capuchetti –dispone el fallo- "tendrá que ahondar la encuesta en orden a otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de las agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández".
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